Un cáncer acabo con la vida de la africana, anunció Greenbelt en su página de internet.
La keniana Wangari Maathai,
Premio Nobel de la Paz en 2004 por su compromiso con el medio ambiente,
falleció el domingo a los 71 años de edad por causa de un cáncer. Así
lo anunció el movimiento Greenbelt, fundado por ella, en su página de
internet: "Con inmensa tristeza, la familia de Wangari Maathai anuncia
su fallecimiento, ocurrido el 25 de septiembre después de un largo y
valiente combate contra el cáncer".
En 2004, la militante fue recompensada con el Premio Nobel por el
trabajo de su Movimiento Cinturón Verde, que fundó en 1977, y se
convirtió en la primera mujer africana en recibir esta distinción.
El principal proyecto de su movimiento busca promover la
biodiversidad y al mismo tiempo crear empleos para las mujeres y realzar
su imagen social. Esta organización ha plantado desde 1977 cerca de 40
millones de árboles en África.
Maathai fue la primera mujer doctorada en África central y oriental.
Dirigió la Cruz Roja keniana en los años setenta, fue luego secretaria
de Estado para Medio Ambiente entre 2003 y finales de 2005. En su
autobiografía publicada en 2006 bajo el título de "Con la cabeza bien
alta", contaba cómo, por efecto del cambio climático, el medio ambiente
se había degradado en su región del Monte Kenia.
Más allá de su país natal, Wangari Maathai extendió su combate
ecológico a toda África. Estos últimos años, la militante se había
consagrado a la protección de la selva de la cuenca del Congo en el
África central, segundo macizo forestal tropical del mundo. En su
combate, la militante se topó con la corrupción y con la represión
policial, y fue varias veces a la cárcel. Ciertas declaraciones
polémicas sobre el sida en 2003 -que rectificó luego- suscitaron
reservas con ella, sobre todo por parte de Washington.
Maathai estuvo casada con un político, que se divorció de ella y la
dejó con tres hijos -Waweru, Wanjira y Muta- y una nieta, Ruth Wangari.
Así lo asegura Susan Lee, directora para América de Amnistía
Internacional, organización que, en su informe sobre violencia sexual
contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, asegura que las
autoridades "siguen negando el derecho a la justicia". Por Semana.com
El informe de Amnistía Internacional "Eso es lo que nosotras exigimos:
Que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos
contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, difunde historias y
cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están
relacionados con el conflicto armado.
Según la organización, en
el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a
12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los
reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el
conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad
de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea
inferior al de los casos reales.
Y es que el informe precisa
que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y
niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.
Cabe recordar
que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre
todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo
del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron
la violencia que sufrieron.
A su vez, según un informe de la
Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las
mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de
las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a
denunciar la agresión.
En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la
Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de
las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no
denunció los hechos de los que fueron víctimas.
El informe
expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos
guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para “explotarlas como
esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios”.
Se recuerda
entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte
Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en
el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5
por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los
paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no
identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por
ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por
ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el
presunto autor.
El ente acusador agrega que además de esos
casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con
el conflicto.
En el informe también se explica que las mujeres
indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras
adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar
desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia
oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde
viven.
Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades
afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En
ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son
víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.
Justicia ausente, autoridades ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que
impiden el ejercicio de la justicia: “la histórica inexistencia de
voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección
ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en
cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no
tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de
derecho internacional”.
Tras su estudio de casos y su diálogo
con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que
las autoridades “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia
para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el
largo conflicto armado” y que aún les niegan sus derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.
“En Colombia, las mujeres y las
niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del
conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y
castigarlas”, asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para
América de Amnistía Internacional.
Agrega que a pesar de la
intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los
derechos humanos, “aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer
comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia
sexual contra mujeres”. Lee añade que se debe combatir la
discriminación de mujeres y niñas.
El movimiento global critica
además que la “inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor
que rodea la denuncia de estos crímenes” dificultan evaluar el alcance
real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima
denuncia, la investigación no es “efectiva”.
La organización pide
a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice
“prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia
contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a
las víctimas”.
El informe subraya además que muchos de los casos
de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad,
razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional
si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.
Testimonio Para
su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de
violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a
las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra
sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su
seguridad.
Carolina era líder comunitaria en un pueblo del
departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con
los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a
las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron
que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la
obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007,
ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente
esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la
violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus
hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En
junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la
Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron,
por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el
programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El
caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal
citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se
cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre
del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue
trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a
testificar.
En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso.
Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina
hace poco.
Tras difundir historias de víctimas como la de
Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto
armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa
los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las
cifras más destacadas.
Conflicto armado -
Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos
forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido
sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante
los 45 años de conflicto en Colombia.
- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.
- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.
-
La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos
de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es
significativamente superior.
- Defensores de derechos humanos,
líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y
afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia
estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores
minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren
particularmente los abusos.
Actores del conflicto -
Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes
del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta,
Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos
meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
-
El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de
miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en
los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque
también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de
Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó,
Nariño y Cauca.
- A los grupos paramilitares, responsables de
violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores
de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa
también de liderar operaciones de “limpieza social” en barrios pobres
urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número
de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que
cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de
entre 8.200 y 14.500 personas.
Proceso de Justicia y Paz -
De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los
más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden
ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio
de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y
devolver tierras y bienes robados.
- Cerca del 90 por ciento de
las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no
fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por
tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.
- A finales
de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz
habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes
de violencia sexual.
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El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General
ha declarado que este es un día dedicado a fortalecer los ideales de la
paz, tanto en el seno de todos los pueblos y naciones como entre ellos.
Este año, en que el Día se celebra por trigésima vez, el tema es “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”.
En el Preámbulo
de la Carta de las Naciones Unidas se afirma que la Organización se
fundó para prevenir y resolver los conflictos internacionales y ayudar a
crear en el mundo una cultura de paz.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas
constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos. La
democracia, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y libertades civiles.
En armonía con el tema del Día se está produciendo en el mundo
un fenómeno extraordinario. En todas partes, las jóvenes y los jóvenes
están demostrando el poder de la solidaridad acercándose unos a otros y
manifestándose unidos en favor del objetivo común de la dignidad y los
derechos humanos.
Este impulso poderoso trae consigo la posibilidad de
crear un futuro en paz y democracia. Une tu voz a la de ellos.
Hay muchas formas de participar en las prácticas democráticas,
por ejemplo, interviniendo en un diálogo sobre los procesos
constitucionales, promoviendo el empoderamiento de la sociedad civil,
contribuyendo a la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la
discriminación, coadyuvando a la educación cívica y fomentando la
inscripción de votantes.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los pueblos del
mundo una fecha común para organizar acontecimientos y emprender
actividades que pongan de relieve la importancia de la paz y la
democracia en forma útil y realista.
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En el proceso que se adelanta por los ataques realizados por grupos
armados al margen de la ley en contra de pobladores de las cuencas de
los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó en jurisdicción del municipio de
Ríosucio, Chocó, entre 1997 y 2000 cuando se inició el cultivo de palma y
la práctica de la ganadería extensiva, los palmicultores Luis Alberto
Flórez Pérez e Iván Patiño Patiño fueron condenados por su complicidad
en el desplazamiento forzado que afectaron a la comunidad de las cuencas
del Curbaradó y Jiguamiandó.
Flórez Pérez, quien hipotecó
predios para obtener cuantiosos créditos, aceptó su responsabilidad
únicamente por el delito de concierto para delinquir, mientras que
Patiño Patiño reconoció haber incurrido en concierto para delinquir,
desplazamiento forzado en calidad de cómplice, e invasión de áreas de
especial importancia ecológica.
El Juzgado Penal Especializado
del Circuito Adjunto de Quibdó los condenó a a cuatro años y dos meses y
cinco años y dos meses de prisión, y a una multa de 1.800 salarios
mínimos legales mensuales vigentes y 2.160 salarios mínimos legales
mensuales vigentes respectivamente.
Flórez Pérez se encuentra
preso en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y Patiño Patiño está
privado de la libertad en la cárcel de Itagüí, Antioquia.
Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/index.php?option=com_content&id=3498
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El último en caer en esta racha de homicidios fue José Narváez, candidato al Concejo de Palmira.
De racha de homicidios de aspirantes a concejos y alcaldías, la Policía no ha probado relación con asuntos políticos.
El nombre de José Jáiner Narváez Grajales, candidato al Concejo de
Palmira por el Partido de Integración Nacional (PIN), se suma a la lista
de aspirantes a corporaciones públicas asesinados en el Valle del
Cauca.
Fue baleado la noche del pasado sábado en ese municipio
cuando ingresaba a un local de su propiedad. Recibió tres impactos de
bala.
La racha de homicidios que involucra a aspirantes a concejos y alcaldías comenzó en noviembre del año pasado,
cuando el candidato a la alcaldía de Sevilla por 'la U', José Raúl
Pérez Ruiz, murió a consecuencia de las disparos que recibió mientras
cenaba con dos personas más, que también perdieron la vida en el hecho.
En marzo pasado fue asesinado el ex alcalde de El Dovio Luis Fernando Morales Idárraga, quien aspiraba otra vez a ese cargo por el PIN.
El 23 de junio, en su negocio de frutas situado en el casco urbano, fue atacado Wílder Amir Restrepo Pinzón, candidato al concejo de
La Unión por el Partido Conservador y quien perdió la vida en el atentado.
El 11 de julio, a raíz de las heridas recibidas cuando salía de un establecimiento nocturno en Cali, murió el diputado Fernando Vargas, quien aspiraba a la alcaldía de Yumbo por Cambio Radical.
La misma suerte corrió el conservador Gabriel Castillo, aspirante al concejo de El Dovio, el 13 de julio.
De acuerdo con el coordinador del MOE (Misión de Observación Electoral) en el Valle, Luis Alejandro Arévalo, "el
ambiente electoral está enrarecido. Aquí están matando a candidatos y
se hace necesario blindar con seguridad a los aspirantes".
Y es que los asesinatos se dispararon de nuevo en agosto de este año, con cuatro casos.
En
los primeros días murió, después de ser baleado en zona rural de
Riofrío, el concejal y aspirante a la corporación de ese municipio Luis
Fernando Ocampo Ossa, de filiación conservadora.
El 18, Hílder
Antonio Gómez, candidato por Cambio Radical al concejo de Riofrío, fue
asesinado en ese municipio. Cinco días después, la víctima fue Nicolái
Vera, candidato del MIO al concejo de Cali.
También en agosto
fue muerto Daniel Vera, quien aspiraba por el Movimiento de Autoridades
Indígenas de Colombia al concejo de Candelaria.
Los
comandos de la Policía Metropolitana de Cali y del Valle coinciden en
que no se ha probado relación de estos hechos con asuntos políticos.
En
el caso del crimen del candidato de Yumbo, a distintos sectores
políticos de la ciudad, en cambio, no les cabe duda de que se quiso
frenar la carrera del candidato Vargas.
Ante la
situación, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, llegó a proponer
la suspensión de las elecciones de Yumbo, pero su propuesta no tuvoeco.
REDACCIÓN CALI
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El representante dice tener información acerca de que Uribe promovió un grupo de autodefensas.
Según Cepeda, congresista del Polo Democrático,
el ex comandante del bloque Cacique Pipintá de las AUC, Pablo Hernán
Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', le reveló en una entrevista,
que él ya envió a la Fiscalía, que el grupo de autodefensas de San Roque
fue promovido por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez.
Cepeda
dijo que la declaración de Sierra la logró en desarrollo de las visitas
realizadas a varias cárceles del país, incluida la de Itagüí, donde
está recluido el ex paramilitar.
Según Cepeda, Sierra contó que a
mediados de la década de los 90 se conformó un grupo paramilitar en San
Roque (Antioquia), que posteriormente dio lugar al Bloque Metro de las
AUC, el cual habría tenido como base de operaciones la hacienda Guacharacas, de propiedad, en aquel entonces, del gobernador Álvaro Uribe.
En la grabación, alias
'Alberto Guerrero' dice que los fundadores de aquel grupo paramilitar
fueron, además de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez,
el empresario ganadero Luis Alberto Villegas Uribe, su hermano Juan
Guillermo Villegas Uribe, diputado a la Asamblea de Antioquia, y
Santiago Gallón Henao, ganadero y caballista condenado por
paramilitarismo.
El ex presidente Álvaro Uribe siempre ha desmentido que su familia haya tenido alguna relación con las autodefensasy ha dicho que nada de lo que se ha mencionado sobre la hacienda Guacharacas es cierto.
'Alberto
Guerrero' era el jefe del frente 'Cacique Pipintá', un grupo 'para' que
era considerado como la banda personal de alias 'Ernesto Báez'.
En
el 2005 su desmovilización estaba lista en límites entre Antioquia y
Caldas. Sin embargo, los cerca de 200 'paras' del Pipintá no llegaron
nunca y finalmente fueron sometidos por las autoridades.
Según el narco Juan Carlos el 'Tuso Sierra', el 'Pipintá' no se
desmovilizó por supuestas presiones de empresarios del suroeste
antioqueño. 'El Tuso' señaló directamente a Ernesto Garcés Soto, quien
hace un año negó en declaraciones ante EL TIEMPO esa versión
Allí, donde el
suelo promete riqueza, los ánimos despiertan la ambición y los viejos
conflictos se exacerban. Una investigación de María Teresa Ronderos,
asesora editorial de Semana, para el Centro de Investigación
Periodística Ciper.
por: María Teresa Ronderos
Las más grandes multinacionales
del sector ya están en Colombia, empujadas por la feroz alza en los
precios del carbón y del oro. La inversión extranjera también ha dado un
salto, llegando a US$ 11.900 millones para el último quinquenio. Se
estima que las exportaciones alcanzarán los US$ 54 mil millones en
2021.
Esta fiebre minera llevó al gobierno anterior a otorgar casi 9.000 títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas.
El crimen organizado también encontró allí una vía para repatriar sus
utilidades de la droga y lavar dinero. Si Colombia aprovecha la bonanza
que se inicia, puede saltar al desarrollo. Pero no será tarea fácil.
Los
precios de sus principales minerales, carbón, níquel y oro, se han
trepado al cielo. Exploradores de toda índole y tamaño llegaron por
miles a escarbar sus entrañas. Allí donde el suelo promete riqueza
súbita, los ánimos febriles despiertan la ambición, y los viejos
conflictos y violencias se exacerban.
Paradójicamente fue la
mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a Colombia
como un interesante destino minero aún por explorar. Los precios
subieron: de US$ 90 por tonelada de carbón antracita en 2004, ahora
pagan casi US$160, y por una onza troy de oro, dieron en promedio más de
US$1.200 en 2010, tres veces el precio de un lustro atrás. Pero por
atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino, hace
una década pocos se animaban a invertir en un país donde secuestraban a
diez personas en promedio al día. La cifra cayó dramáticamente desde
2005, cuando el gobierno de Álvaro Uribe puso a la guerrilla en retirada.
La
combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una
avalancha de peticiones de concesiones mineras legales que puso en
aprietos el limitado catastro minero nacional. Aprovechando además una
legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y
empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y
explotación de minas –un título sirve para las dos –que cubren 22
millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Y el
gobierno anterior les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar páramos
(el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana),
ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios
colectivos afrodescendientes.
Con
los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que habían empezado
a producir desde los años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón,
una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo en el extremo
nororiente en la Guajira, explotada por una sociedad de las
multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American,
vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí,
explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias
minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron
respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro
Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente,
en Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en
ferroníquel, la preciada aleación con la que se fabrica el acero
inoxidable. (Vea la tabla con las 10 mineras más grandes de Colombia).
Otros
proyectos de considerable tamaño empezaron más recientemente su
producción industrial. La brasilera Vale Coal S.A. está explotando
carbón también en el Cesar y otra minera de ese país, Votoratim Metais,
dueña de Acerías Paz del Río, la productora de acero más grande del
país, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en
muchos otros lugares. La colombiana Mineros S.A. explota oro,
principalmente en su mina de El Bagre, Antioquia, y vendió US$126
millones en 2010. Medoro Resources y Gran Colombia Gold, mineras
canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas de oro
de Marmato y Frontino, en el centro del país.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó:
pasó de US$3.800 millones en el quinquenio 1999-2004 a US$11.900
millones en el quinquenio siguiente, pues además, otras mega- mineras
incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
Así, por ejemplo
la gigante canadiense Barrick Gold compró una sociedad con títulos en
el Eje Cafetero, al centro del país. MPX Energía de Brasil, filial de
EBX del magnate Eike Batista, adquirió los derechos para explorar carbón
en La Guajira, y tiene en sus planes una gran expansión. Y por último,
una jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold
Asahanti, ya anunció dos hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el
municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de
onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold,
está desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde encontró
oro de veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy.
A la
fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen
títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas. Y los
particulares tienen unos 7.200 títulos más. Están buscando plata,
platino, molibdeno, níquel, zinc, además de los minerales que abastecen
la construcción, como las calizas, arenas y arcillas. Las minas de
hecho también se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta
completar 3.600 este año, según investigó la Defensoría del Pueblo.
Hoy, Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el mundo.
Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin
contar posibles nuevos hallazgos, en una década el país puede llegar a
duplicar su producción actual de carbón de 74.000 toneladas métricas. Y
podrá expandir en un 60% su producción de oro, que el año pasado fue de
más de 53 mil kilos.
Los cálculos optimistas están proyectando
que el sector minero-energético que exportó en 2010, US$21.000 millones
puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Según datos del
Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los US$647
millones el año pasado. No es un monto significativo del presupuesto
nacional (de unos US$76 mil millones para este año), pero es la única
fuente de riqueza de muchos de los municipios más pobres del país.
Además, se proyecta que éstas van a crecer a un ritmo exponencial, y que
de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, está dependiendo buena
parte de la expansión de la economía nacional.
Así, el futuro se
publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado,
cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los
colombianos les quede poco de esta irrepetible cosecha de minerales, es
alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre oscuros socavones de
debilidad institucional, corrupción, daño ambiental, crimen organizado y
la exacerbación de conflictos sociales, de entre los más violentos del
planeta.
Instituciones en ruinas
El alud
de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente
especulativo, copó la capacidad del Instituto de Geología y Minería
(Ingeominas), pues aunque por casi cien años había sido un prestigioso
centro de investigación del subsuelo colombiano, le arrojaron
improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Según
denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos
Rodado, ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan
Manuel Santos, desde que se aprobó el Código de Minas en 2001, “hubo superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos,
juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de
manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras
indígenas y afro descendientes y acaparamiento de títulos”.
Un
solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que
por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía
de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De
hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos.
En
2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local
que habían devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que
entre las áreas que seguían solicitando -y las que ya estaban tituladas a
su nombre- apenas sumaban 166 mil hectáreas. Sin embargo, y aún cuando
la información del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada,
la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011,
figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios
colombianos, de un extremo al otro del país, los que suman más de 700
mil hectáreas.
¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número
de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras
empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años para conseguir
los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el
ahora ex director Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era
subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy
para la AGA, según denunció Lasillavacía.com.
Con el sucesor de
Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de Uribe,
según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad
para que pusiera allí sus fichas al entonces congresista conservador Ciro Ramírez,
quien después, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de
Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un
funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo unos mineros le
ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de
darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual,
un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de
oro, dijo que pagó 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos
para conseguir el título.
Es verdad que el Código de 2001 había
dejado abierta la posibilidad de que cualquiera con un pago mínimo y un
documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el
espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación.
Al entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía
34 centímetros y otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el
río revuelto donde pescaron muchos avispados.
Además, como
Ingeominas se demoraba tanto en registrar los títulos en el Registro
Minero Nacional, algunas empresas pedían y devolvían títulos
permanentemente, para evitarse así tener que pagar el canon
superficiario que, según el Código, debían girar apenas su concesión
quedara inscrita. Aún hoy, que la norma apretó las condiciones,
Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el país no realiza un censo minero nacional completo.
El catastro es tan caótico, que un experto Banco Mundial, contratado
por el gobierno, ha recomendado montar un sistema totalmente nuevo que
pueda tramitar las solicitudes de títulos en poco tiempo y velar porque
quien tenga una concesión pague el canon debido por ella.
La ley del embudo
Para
los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados
en varias asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el
Código Minero de 2001 les diera tres años para legalizar sus minas. De
los 15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del Pueblo hay en el
país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de
ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les
exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas
comerciales de varias décadas atrás.
La ley 1382 que reformó el
Código en febrero de 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar
minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De éstas,
719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, sólo una
pasó la prueba documental y próximamente se le hará una visita técnica.
Echar
a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y
las de los nuevos títulos a galope, cerró aún más la posibilidad de que
los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus
peticiones ya esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a
especuladores.
Los cambios de legislación terminaron agravando
los conflictos. Por ejemplo, Medoro Resources obtuvo una concesión en
Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales con 457 años de
historia. Encontró reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37
millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo
abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto implica
desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones recientes del vocero
de Medoro a la cadena de televisión Al Jazeera, en el sentido de que
tenían varias maneras de sacar a la gente: “presiones del gobierno, la
chequera…”, causaron aún más escozor. Es de esperar que el debate
arrecie cuando la multinacional solicite los permisos de explotación.
Mafias y dragas
La
ley 1381 también dejó abierto un agujero fatal: si un minero que
declaraba ser informal pedía un título, podía seguir explorando su mina
hasta que no se regularizara su situación. Muchas mafias asociadas al
paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon este hueco legal y
fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter
dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando
un gran daño ecológico y a la salud. Cuando el gobierno pretendió
cerrarles las minas, alegaron que tenían procesos de regularización en
trámite.
-Fue tristísimo –dijo una ex funcionaria de Medio
Ambiente –pusieron a mineros tradicionales a pedir títulos, y cuando
tenían la solicitud registrada, entraron con sus hombres armados y sus
grandes equipos y los sacaron de sus minas o los convirtieron en sus
trabajadores, casi en condición de esclavitud.
En el río Dagua,
en el sur del país, un minero que explotaba calizas y gravas en el río,
halló unas enormes pepas de oro. La noticia corrió veloz y miles de caza
fortunas llegaron en un santiamén. Algunos trajeron maquinaria pesada y
en cuestión de meses habían causado un desastre ambiental mayúsculo. A
los pequeños los dejaban entrar por unas horas al día. Después de varias
denuncias periodísticas -y de cambiar una vez más la ley para cerrarle
el paso a este tipo de minería mediana altamente destructiva-, el
gobierno logró sacarlos. Así ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de
este año.
Pero según dijeron fuentes de esa región a CIPER, en
el caso del Dagua, como en otros episodios en Chocó y el Bajo Cauca, muy
pronto mudaron sus dragas a otro río. “Los del Dagua se fueron a la
pobrísima población nariñense de Timbiquí,en el Pacífico caucano, y ahora están allí explotando el oro sin control”, dijo un líder social de la región.
El daño colateral de estas persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo a verdaderos mineros artesanales.
Opositores al gobierno, como el senador de izquierda, Jorge Robledo,
sostienen que es deliberada la persecución a toda la minería con el
objeto de abrirle camino a la gran minería a gran escala. El director de
Ingeominas, Oscar Paredes y el viceministro de Minas, Tomás González,
niegan absolutamente que esta sea una política oficial, y sostienen que
se creará una unidad que desarrolle créditos blandos para que estas
comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no dañen el
ambiente y mejoren la seguridad laboral. También advierten que serán
radicales contra la minería que camufle a criminales y que destroce el
ambiente.
Pero que los personajes que están manejando el negocio
de mini-dragas y dragas son de calibre mayor es también la opinión de
las autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, según le afirmaron a
El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlar el
narco-paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a
Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar,
Rodrigo Pérez, en el Sur de Bolívar, han sido heredadas por otros grupos
armados que hoy las controlan.
“Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de la que era socia la esposa de Macaco”.
En el registro minero nacional aparece una empresa -Sociedad Minera
Grifos S.A.- con dos títulos registrados en 2006 y aún vigentes, pero no
en el Sur de Bolívar, sino en la población cercana de Zaragoza en
Antioquia.
La policía y la fiscalía, que ha creado una unidad
especial para perseguir la minería ilegal, también han detectado que las
guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión o están
extorsionando a los mineros. Además, como las normas vigentes permiten
comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina pequeña que
una grande, tener negocios de minería les resulta conveniente porque
pueden obtener los explosivos que quieran sin levantar sospechas.
El
crimen organizado también ha encontrado en la importación de dragas un
mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las
exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero.
Un ex
jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confesó a la justicia una
estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada
en oro, traerlo clandestinamente a Colombia, y venderlo a
comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país.
Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe
descontar el 4 % de regalías que luego debe girar al gobierno, para que
éste a su vez le gire al municipio de dónde el productor declaró haber
sacado el oro. De esta manera, los paramilitares obtenían el
pago por su oro, y después, hacían tratos con los alcaldes de los
pueblos que iban a recibir esas regalías para que se las devolvieran a través de contratos ficticios.
Esta
fórmula de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios
antioqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les
suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían sospechosos
contratos con particulares para promover la minería y los pagaban con
dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la
suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento
de la producción de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regalías
entre 2008 y 2010. Más raro fue que, apenas Itsmina recibió las enormes
regalías, salió a pagar una deuda “sin saberse si era real o ficticia”,
dijo a Ciper un funcionario que conoció el caso.
Los vínculos
de la minería con grupos armados no sólo se dan en las minas de hecho.
En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han
denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares
para protegerse o para forzar el desalojo de comunidades de las minas
que quieren explotar. Quizás la empresa más cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadounidense Drummond.
Drummond
es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con
los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la
gente del Cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta
empresa arrancó allí su producción de carbón. Dos ex paramilitares han
asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió el frente Juan
Álvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que
cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón
hasta el puerto cerca de Santa Marta. Asimismo, según lo investigó
VerdadAbierta.com, Drummond compró tierras a testaferros del
paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay más.
En abril de este año, la Fiscalía acusó a un contratista que les proveía
la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los
paramilitares en el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa
minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Por
estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han
entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan
que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los
cohonestaron. La empresa, que ya logró que la justicia estadounidense
desestimara una primera demanda, ha reiterado en avisos de prensa, que
las acusaciones son falsas.
Minas que matan
Los
miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos
están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al
cianuro. Además, como la amalgama que se forma con estos metales se
quema para extraer el oro, el aire también se envenena. La Defensoría
encontró que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y
Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto que el
permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido
trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes
proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos
nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la
movilización de los habitantes de Bucaramanga, una de las principales
ciudades colombianas, puso en entredicho la licencia ambiental otorgada a
la minera canadiense GreyStar para explotar un área en el páramo de San
Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera
debió retirar su proyecto y tendrá que reformularlo.
Asimismo, el
pasado 6 de julio el gobierno ordenó el cese absoluto de actividades
mineras en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis, que es además área de
resguardo indígena. Allí la empresa canadiense Cosigo hizo varias
visitas intentando ganarse el visto bueno de la comunidad para poder
explotar el oro, y había conseguido que le dieran un título minero.
-De
los otros 37 casos de títulos mineros que se superponían con parques
naturales, en 12 encontramos superposiciones de menos del 1% de área y
estamos ajustándolas de oficio, y en los demás estamos trabajando con
las compañías para resolver el tema -dijo a Ciper, Oscar Paredes, actual
director del Ingeominas.
En páramos encontraron 630 casos de
superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas
como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más importantes del
país, el Magdalena y el Cauca. Paredes explicó que están negociando con
las empresas titulares para corregir esta situación. Con la AGA, que
tiene 40 títulos en páramos, ya están en conversaciones.
Anglo
Gold Ashanti (AGA) , está preparándose para pedir la licencia ambiental
para la gran mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en
Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales
de la región y algunas autoridades, principalmente por el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina área de Reserva Forestal Central y sobre el Río Coello que abastece a los habitantes de varios municipios.
Algunas
explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas
ambientales. En 2008, a raíz de una airada protesta de las comunidades
en el centro del Cesar por el estado de contaminación y de abandono en
que estaba este distrito minero de carbón, en dónde operan varias
empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales
fueron a verificar in situ qué sucedía.
Al constatar la grave
contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una
investigación a la Drummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro
del mismo gobierno para que la frenaran, el ministerio se llevó a Bogotá
todos los expedientes que estaban congelados en la corporación local de
control ambiental. Por tratarse de una zona de alto impacto ambiental,
se decidió que era la entidad nacional y no la local la que debía
intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar
las condiciones de la zona y a reubicar a cuatro poblaciones (Plan
Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón), las más afectadas por la
contaminación por el polvillo de carbón. Pero hasta ahora, todo sigue
igual.
Quizás lo más preocupante del daño ambiental es que, como
lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los
gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al
menos 17 % de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental.
Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Además,
mientras la producción minero-energética pesa cada vez más en la
producción nacional, el presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha
sido cada vez menor. (Haga clic aquí para la ver tabla).
Sin prevención
Tampoco
están bajo control de las autoridades los accidentes laborales del
sector que a mayo de este año había dejado ya 62 mineros muertos. La
mayoría de estos accidentes suceden en las pequeñas minas artesanales en
cuatro departamentos que producen carbón de socavón: Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca y Norte de Santander. La mayoría se produce cuando el gas
metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una lámpara o una
cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta
ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las
condiciones de seguridad de los mineros, pero como sucedió en la mina
San Fernando, en Amagá (Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron
73 trabajadores, la respuesta más frecuente es cerrar la mina después de
la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia para volver a
trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. Así lo
documentó en detalle la televisión local en un programa desgarrador
sobre el caso. (Haga clic aquí para ver el reporte oficial de fatalidades en los últimos años).
Retos y medidas
Para
que la minería en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente
administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En
el año de gobierno ya se consiguió aprobar un Sistema Nacional de
Regalías para administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no irán
sólo a los territorios de dónde salen los minerales, sino también para
financiar el desarrollo social, económico y ambiental de los municipios
más pobres, entre otras modificaciones. Además, el 2 % irá a fortalecer
la capacidad estatal de fiscalización, el conocimiento y la cartografía
geológica del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempeñado
pobremente.
Por ahora, además, se congeló la recepción de
nuevas solicitudes de títulos mineros a la espera de que se terminen de
procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de 2011
tan sólo han emitido 187 títulos. Otro de los anuncios del nuevo
gobierno es que Ingeominas volverá a concentrarse en investigar el
territorio nacional, ampliamente desconocido a los niveles de detalle
que requiere la minería. La administración correrá por cuenta de la
Agencia Nacional de Minería.
También deberá reformularse el
Código Minero ya que la Corte Constitucional tumbó la ley que lo reformó
en 2010, y sólo para dejar vigente la prohibición tajante de permitir
minería en páramos, aplazó su término por dos años más, hasta que el
gobierno apruebe una nueva ley. Se deberá normar además, la entrega de
áreas de concesiones en cuadrícula, y no las irregulares que se han
prestado para tantos juegos especulativos. Desde la industria minera
los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a abrir la
caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código Minero
puede tener un final impredecible. El más temido es que les arruine la
rentabilidad de sus inversiones. Aunque evidentemente, les será más
fácil operar con instituciones más transparentes y menos arbitrarias,
como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno está
buscando también cómo mejorar su pobre capacidad de fiscalización. Según
un informe de mayo de la Contraloría, varias compañías mineras, entre
ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron
cercan de US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008
de lo que debieron pagar. El gobierno cree que la mejor manera de
fiscalizar la producción y el cumplimiento de las normas de seguridad,
es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo tipo
de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversión de
regalías en los territorios, terminó contratando firmas privadas
interesadas más en bajar costos que en realizar la difícil y peligrosa
tarea de vigilar el buen uso de las regalías.
Por último,
Colombia está considerando si mantiene las tarifas impositivas y de
regalías actuales, que según varios estudios le dejan al gobierno
proporcionalmente menos recursos que a otros países productores.
No
es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera,
puede saltar al desarrollo. El auge minero y petrolero es una
oportunidad única para darle un empujón al país en materia de
infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los
colombianos que aún no tiene los ingresos suficientes para tener una
vida digna. Pero para ello debe haber conciencia de que cada peso que se
obtenga es un patrimonio que ya no se podrá recuperar.
El camino para ello no es fácil. El gobierno deberá crear fórmulas para desterrar las mafias y darles espacio a los mineros artesanales.
Además, deberá imponer ante las empresas que corrompieron las
instituciones y violaron la ley, una nueva ética de desarrollo
sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados,
tendrá que hacer valer la protección del medio ambiente colombiano como
un tesoro más valioso que el oro y el carbón.
Para esa gran
transformación pendiente los tiempos políticos son cortos. Mientras la
locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de
miles de millones de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad
termine en un mero espejismo sigue vigente para la gran mayoría de los
colombianos.
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.
Los recursos, que saldrán del impuesto al patrimonio, se sumarán a los $ 5,7 billones ya asignados.
El incremento en el número de policías en las ciudades, la compra de nuevos equipos para inteligencia y de aeronaves y
vehículos para la movilización de las tropas son los objetivos
fundamentales del Ministerio de Defensa con el dinero adicional que le
pidió al Ministerio de Hacienda -1, 5 billones de pesos- para la
renovada ofensiva contra las guerrillas y las bandas criminales.
Este dinero provendrá del impuesto al patrimonio, del cual le habían destinado a la defensa 5,7 billones para el cuatrienio. Con el incremento, serían 7,2 billones.
"El Ministro de Hacienda me dijo que ese billón y medio de pesos lo va a autorizar.
Con eso vamos a dar un salto fundamental para que podamos finalmente
vivir en paz", dijo el presidente Juan Manuel Santos durante la posesión
del nuevo ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
Ya el
Ministerio tiene un equipo de expertos evaluando las prioridades en
seguridad y, en tres semanas, espera anunciar cómo se va a gastar cada
peso. Incluso, el Ministerio está buscando que le anticipen algo de los
1,5 billones adicionales. Es un un hecho que la primera inversión será en incremento de policías: 20 mil nuevos hombres para las ciudades.
Este
año, los ingresos por impuesto al patrimonio -creado inicialmente para
la seguridad democrática, pero que luego se destinó también para otros
gastos- van a subir porque será pagado no solo por quienes tienen
patrimonios superiores a 3 mil millones de pesos, sino también por quienes tienen más de mil millones.
Además, se agregó una sobretasa del 25 por ciento para los más ricos. Para
el próximo año se espera un recaudo por impuesto al patrimonio de 3,2
billones de pesos, más 149 mil millones que entrarán con el aumento del
número de contribuyentes de este gravamen, y 853 mil millones que
aportará la sobretasa creada.
Reingeniería militar
Por otro lado, el ministro Pinzón le hará una cirugía a la defensa. Su primera orden ayer fue crear un grupo de trabajo para diseñar la estrategia "definitiva' contra las Farc.
Según dijo, la idea es "hacerles tanto daño a los grupos ilegales que
los golpes hagan que su derrota sea irreversible y definitiva". El
propio presidente Santos le pidió a Pinzón que les dé el "puntillazo final a las Farc".
Y
dentro de la reingeniería que se planea, una de las prioridades será
una megacentral de Inteligencia que recoja la información de todas las
fuerzas. Sería coordinada por un oficial de alto rango. "Tenemos
que trabajar en equipo y hacerlo con disciplina, eso es cumplir con el
deber a pesar de los obstáculos, incluso cuando no se está satisfecho
con los mensajes recibidos", dijo Pinzón refiriéndose a las Fuerzas
Armadas.
Finalmente, anunció un plan especial de seguridad en 67 municipios, desde esta semana, para garantizar las elecciones.
El primer dispositivo será en Putumayo. Santos le dijo al Ministro que
vaya esta misma semana al Putumayo y le diga a la gente que "la mejor
forma de responderles a la violencia y al terrorismo es saliendo a votar
en las próximas elecciones".
Ministro fue al Cauca
Recorrió las calles de Miranda
Luego de una vista a Miranda (Cauca), una de las zonas más golpeadas
por la violencia guerrillera, el ministro Juan Carlos Pinzón dijo que,
aunque no promete milagros, "no existe zona donde los violentos
"impongan condiciones". Habló de asignar nuevos recursos y hombres para
garantizar la seguridad de la población civil en esa región.
REDACCIÓN JUSTICIA
tomado de
http://www.eltiempo.com/justicia/invertiran-15-billones-de-pesos-mas-en-seguridad_10300144-4
Nuestra pagina web
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Vea el video de nuestro Canal Aliado, Mision Tierra Territorios
Marcha en contra de los llamados falsos positivos hecha en marzo de 2009.
Foto: Archivo EL TIEMPO
Engañó a uno de sus amigos para que fuera asesinado y presentado como muerto en combate.
Eso es lo que dice la sentencia del Juez Segundo Penal de Cúcuta, que condenó
a Pedro Antonio Gámez a 40 años de prisión por los delitos de homicidio
agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir.
Se trata de uno de los reclutadores del caso de los 'falsos positivos' de Soacha.
Según
el expediente, Gámez Díaz se reunía constantemente con Camilo Andrés
Valencia, un muchacho que vivía en Soacha y que terminó muerto dos días
después de aceptar la oferta de trabajo en Ocaña que le hizo su supuesto
amigo.
En esos encuentros -que se hicieron en 'La tienda de Álex', donde fueron reclutados otros de los asesinados- Gámez
y otros miembros de su organización conseguían información sobre
potenciales víctimas, de acuerdo con el perfil que les pedían los
militares de Santander y Norte de Santander que están señalados de
participar en esos homicidios fuera de combate.
"Para llevar a la persona hasta el sitio en el que encontraría la
muerte se aprovechaban de su necesidad económica, de la cual se
enteraban gracias a la confianza depositada por la víctima. Esta
circunstancia era usada para iniciar la selección y saber si resultaba
dentro de los elegibles", dice el fallo.
En esas reuniones de amigos, Gámez Díaz convenció a Valencia para que se fueran a trabajar a una finca en el oriente del país.
El 5 de diciembre de 2007 la víctima salió de Bogotá junto a
dos de los reclutadores. Dos días después el Batallón de Infantería
número 15 lo reportó, sin nombre, dentro de las bajas en un supuesto
enfrentamiento con la guerrilla. Cuando sus familiares fueron a
averiguar a la tienda en la que se reunía el grupo, Gámez solo atinó a
decir que el muchacho se había quedado trabajando.
"No les importaba que las víctimas fueran amigas suyas, lo
que les interesaba era la consecución de dinero fácil. Por eso las
convencían con promesas falsas para su traslado a Ocaña, sitio en donde
les esperaba la muerte".
Ese argumento fue tenido en cuenta en la sentencia para agravar la conducta. Según la investigación de la Fiscalía, el reclutador 'vendió' a Valencia por apenas cien mil pesos.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía presentó en el juicio el
testimonio del cabo primero Norberto Alfonso Conrado, quien relató que
el joven llegó con un soldado en una moto al sitio en el que se
encontraba la tropa. Y agregó: "Al día siguiente el teniente Rios me
ordena hacer un dispositivo (...) Yo me llevé a cinco o seis soldados y
luego escuché los disparos (...) Me asomé y observé al sujeto que llevó
el soldado Rios, ya estaba sin vida".
Según el uniformado, la víctima no estaba armada y los
disparos del arma que le fue encontrada en el levantamiento del cuerpo
se hicieron después de que lo mataron, para simular un combate.
"Existió en Soacha un grupo de sujetos encargados de conseguir
personas con el fin de trasladarlos a la población de Ocaña, personas
que luego aparecían sin vida en presuntos enfrentamientos con el
Ejercito", señaló el juez en la segunda condena por los 'falsos
positivos' de Soacha.
La primera fue contra ocho militares del Batallón Rafael Reyes, que
fueron sentenciados a penas de entre 28 y 55 años de cárcel por la
muerte de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez en marzo del 2008 en
la vereda Brasilia, en Cimitarra (Santander).
REDACCIÓN JUSTICIA
tomado de
http://www.eltiempo.com/justicia/hombre-que-vendio-un-amigo-suyo-para-que-fuera-presentado-como-falso-positivo_10277386-4
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http://www.semana.com/nacion/teatreros-bogota-bajo-amenaza-criminal/163371-3.aspx
Cientos
de artistas unieron sus voces en un carnaval por la vida para protestar
por las amenazas que 12 grupos de teatro recibieron de las ‘Águilas
Negras’. Este martes se cumplía la semana de plazo que esta banda
criminal dio a los teatreros para abandonar la ciudad.
“Nos amenazan por defender la vida, porque nuestro único pecado es crear, eso sólo pasa en una dictadura del crimen”, dice Álex, quien trabaja con uno de los grupos amenazados.
El
panfleto con las amenazas apareció debajo de la puerta de las sedes de
trabajo de 12 grupos de teatro en las localidades de Bosa, Tunjuelito,
Ciudad Bolivar y Kennedy (sur de Bogotá) y advertía que tenían una
semana para abandonar la ciudad.
“Hoy damos inicio de limpieza a
todas las sucias organizaciones que se interponen en nuestro paso (…)
por medio de expresiones artísticas y que se oponen a las políticas de
nuestro gobierno”, reza el texto amenazante.
Jairo, otro joven
que prefiere guardar el anonimato por el temor de las amenazas, pide que
las investigaciones aclaren a qué se refieren a las ‘Águilas Negras’,
cuando los señalan de oponerse a “las políticas de nuestro gobierno”.
Aunque las amenazas ya fueron puestas en conocimiento de los organismos pertinentes a través de una denuncia, los teatreros aseguran que no tienen, hasta el momento, ninguna protección para ellos y sus familias,
más que el acompañamiento de organizaciones culturales y de algunos
habitantes de las localidades que han manifestado su apoyo.
Santiago
Trujillo, director del Instituto Distrital de las Artes (Idartes),
asegura que desde la Alcaldía de Bogotá se están “brindando las
garantías de seguridad para estos grupos, porque la expresión artística
es una manifestación de libertad y de pensamiento crítico que debemos
respetar y conservar, y no podemos permitir que se amenace”.
El
coronel Leonardo Mejía, jefe de inteligencia de la policía metropolitana
de Bogotá, dijo a Semana.com que después de una labor de observación se
concluye que la amenaza es una expresión delincuencial pero que no proviene de una de las llamadas bandas criminales.
“Las
bandas criminales hacen en diferentes regiones del país amenazas
específicas dirigidas a personas por un hecho puntual. Y en este caso no
lo hay”, señaló Mejía, quien agregó que además las imágenes en el
panfleto no corresponden a las usadas por las bandas criminales.
El
oficial resaltó que la Policía se ha puesto en contacto con los grupos y
les ha hablado de medidas de autoprotección, esto es “una cartilla documentada sobre las precauciones que deben tomar en sus desplazamientos y la cual contiene los números de contacto de los organismos de atención y de sus estaciones de policía más cercanas”.
Álex
cree que “no es suficiente una cartilla para protegerse de las amenazas
de los criminales” y difiere de la apreciación de la Policía sobre el
origen de las intimidaciones.
“Para ellos nos está amenazando un
fantasma. ¿Qué protección nos pueden brindar si no reconocen a los
criminales? Son personas reales, que matan a personas reales, como
nosotros. ¿O acaso están esperando a que pongamos tristemente al primer
muerto?”, dice el joven teatrero.
El coronel Mejía resalta que
las estaciones de policía de las localidades de donde provienen estos
grupos tienen la orden de “pasarles revista permanentemente para
identificar si hay amenazas reales que merezcan la atención inmediata”.
Mientras
tanto, los integrantes de los grupos amenazados regresaron a sus
localidades (en los sectores más pobres de Bogotá) con el temor de que
la sentencia de los criminales los sorprenda a la vuelta de la esquina.
“Y si la muerte nos encuentra, habrá otros que como nosotros vean en el teatro la forma de transformar el mundo”, dicen.
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La keniana Wangari Maathai,
Premio Nobel de la Paz en 2004 por su compromiso con el medio ambiente,
falleció el domingo a los 71 años de edad por causa de un cáncer. Así
lo anunció el movimiento Greenbelt, fundado por ella, en su página de
internet: "Con inmensa tristeza, la familia de Wangari Maathai anuncia
su fallecimiento, ocurrido el 25 de septiembre después de un largo y
valiente combate contra el cáncer".
