Allí, donde el
suelo promete riqueza, los ánimos despiertan la ambición y los viejos
conflictos se exacerban. Una investigación de María Teresa Ronderos,
asesora editorial de Semana, para el Centro de Investigación
Periodística Ciper.
por: María Teresa Ronderos
Las más grandes multinacionales
del sector ya están en Colombia, empujadas por la feroz alza en los
precios del carbón y del oro. La inversión extranjera también ha dado un
salto, llegando a US$ 11.900 millones para el último quinquenio. Se
estima que las exportaciones alcanzarán los US$ 54 mil millones en
2021.
Esta fiebre minera
llevó al gobierno anterior a otorgar casi 9.000 títulos sin respetar parques nacionales ni reservas indígenas.
El crimen organizado también encontró allí una vía para repatriar sus
utilidades de la droga y lavar dinero. Si Colombia aprovecha la bonanza
que se inicia, puede saltar al desarrollo. Pero no será tarea fácil.
La
fiebre minera llegó a Colombia. Si bien desde los tiempos de la
Conquista, las esmeraldas de Muso y de Coscuez han deslumbrado al mundo,
el auge de hoy es inédito. (
Vea aquí el multimedia que señala a los mayores dueños de propiedad minera en Colombia).
Los
precios de sus principales minerales, carbón, níquel y oro, se han
trepado al cielo. Exploradores de toda índole y tamaño llegaron por
miles a escarbar sus entrañas. Allí donde el suelo promete riqueza
súbita, los ánimos febriles despiertan la ambición, y los viejos
conflictos y violencias se exacerban.
Paradójicamente fue la
mejoría en seguridad lo que hizo que el mundo descubriera a Colombia
como un interesante destino minero aún por explorar. Los precios
subieron: de US$ 90 por tonelada de carbón antracita en 2004, ahora
pagan casi US$160, y por una onza troy de oro, dieron en promedio más de
US$1.200 en 2010, tres veces el precio de un lustro atrás. Pero por
atractivo que pudiera resultar este prometedor territorio andino, hace
una década pocos se animaban a invertir en un país donde secuestraban a
diez personas en promedio al día. La cifra cayó dramáticamente desde
2005,
cuando el gobierno de Álvaro Uribe puso a la guerrilla en retirada.La
combinación de mejores precios y menores riesgos resultó en una
avalancha de peticiones de concesiones mineras legales que puso en
aprietos el limitado catastro minero nacional. Aprovechando además una
legislación flexible que se había aprobado en 2001, particulares y
empresas pidieron títulos para 20 mil concesiones de exploración y
explotación de minas –un título sirve para las dos –que cubren 22
millones de hectáreas de los 114 millones que tiene el país. Y el
gobierno anterior les otorgó casi 9.000 títulos, sin respetar páramos
(el ecosistema de alturas que produce gran parte del agua colombiana),
ni parques nacionales, ni resguardos indígenas, ni territorios
colectivos afrodescendientes.
Con
los precios en alza, los grandes proyectos mineros, que habían empezado
a producir desde los años 80 y 90, también florecieron. El Cerrejón,
una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo en el extremo
nororiente en la Guajira, explotada por una sociedad de las
multinacionales europeas Xstrata plc, BHP Billiton y Anglo American,
vendió en 2010, casi US$2.500 millones en carbón. Y cerca de allí,
explotando una franja en el centro del Cesar, dos carboneras con varias
minas, la estadounidense Drummond y la suiza Glencore, vendieron
respectivamente, US$2.000 y US$340 millones. El proyecto de Cerro
Matoso, de la gigante anglo-australiana BHP Billinton, al noroccidente,
en Córdoba, tuvo ventas el año pasado por US$556 millones en
ferroníquel, la preciada aleación con la que se fabrica el acero
inoxidable. (
Vea la tabla con las 10 mineras más grandes de Colombia).
Otros
proyectos de considerable tamaño empezaron más recientemente su
producción industrial. La brasilera Vale Coal S.A. está explotando
carbón también en el Cesar y otra minera de ese país, Votoratim Metais,
dueña de Acerías Paz del Río, la productora de acero más grande del
país, tiene explotaciones de hierro en Cundinamarca y exploraciones en
muchos otros lugares. La colombiana Mineros S.A. explota oro,
principalmente en su mina de El Bagre, Antioquia, y vendió US$126
millones en 2010. Medoro Resources y Gran Colombia Gold, mineras
canadienses que se fusionaron recientemente, explotan las minas de oro
de Marmato y Frontino, en el centro del país.
La inversión extranjera directa en minería casi se triplicó:
pasó de US$3.800 millones en el quinquenio 1999-2004 a US$11.900
millones en el quinquenio siguiente, pues además, otras mega- mineras
incluyeron a Colombia en el radar de sus planes.
Así, por ejemplo
la gigante canadiense Barrick Gold compró una sociedad con títulos en
el Eje Cafetero, al centro del país. MPX Energía de Brasil, filial de
EBX del magnate Eike Batista, adquirió los derechos para explorar carbón
en La Guajira, y tiene en sus planes una gran expansión. Y por último,
una jugadora de talla mundial en oro, la surafricana Anglo Gold
Asahanti, ya anunció dos hallazgos importantes: la mina La Colosa, en el
municipio de Cajamarca en Tolima, donde calcula hay 12 millones de
onzas troy de reservas estimadas, y, en llave con su socia B2- Gold,
está desarrollando el proyecto de Gramalote en Antioquia, donde encontró
oro de veta con reservas de 2,39 millones de onzas troy.
A la
fecha, el Registro Minero Nacional reporta que 1717 empresas tienen
títulos vigentes de concesiones para explorar o explotar minas. Y los
particulares tienen unos 7.200 títulos más. Están buscando plata,
platino, molibdeno, níquel, zinc, además de los minerales que abastecen
la construcción, como las calizas, arenas y arcillas.
Las minas de
hecho también se esparcieron como hongos por todo el territorio, hasta
completar 3.600 este año, según investigó la Defensoría del Pueblo.
Hoy,
Colombia es el primer productor de carbón en América Latina y el décimo en el mundo.
Y si las grandes y medianas mineras llevan a cabo sus proyectos, sin
contar posibles nuevos hallazgos, en una década el país puede llegar a
duplicar su producción actual de carbón de 74.000 toneladas métricas. Y
podrá expandir en un 60% su producción de oro, que el año pasado fue de
más de 53 mil kilos.
Los cálculos optimistas están proyectando
que el sector minero-energético que exportó en 2010, US$21.000 millones
puede llegar a vender US$54 mil millones en 2021.
Según datos del
Ministerio de Minas, las regalías mineras alcanzaron los US$647
millones el año pasado. No es un monto significativo del presupuesto
nacional (de unos US$76 mil millones para este año), pero es la única
fuente de riqueza de muchos de los municipios más pobres del país.
Además, se proyecta que éstas van a crecer a un ritmo exponencial, y que
de ese crecimiento, que en 2010 fue del 11,1 %, está dependiendo buena
parte de la expansión de la economía nacional.
Así, el futuro se
publicita fabuloso, pero la posibilidad de que, como en el pasado,
cuando se encontraron los grandes yacimientos petroleros, a los
colombianos les quede poco de esta irrepetible cosecha de minerales, es
alta. Y ello porque la bonanza se eleva sobre oscuros socavones de
debilidad institucional, corrupción, daño ambiental, crimen organizado y
la exacerbación de conflictos sociales, de entre los más violentos del
planeta.
Instituciones en ruinasEl alud
de solicitudes de exploración minera, muchísimas con afán meramente
especulativo, copó la capacidad del Instituto de Geología y Minería
(Ingeominas), pues aunque por casi cien años había sido un prestigioso
centro de investigación del subsuelo colombiano, le arrojaron
improvisadamente la tarea de administrar el sector.
Según
denunció públicamente en una rueda de prensa en junio pasado Carlos
Rodado, ministro de Minas y Energía ya bajo el gobierno actual de Juan
Manuel Santos, desde que se aprobó el Código de Minas en 2001, “
hubo superposición de títulos mineros en áreas de parques nacionales y páramos,
juegos especulativos, expedición de títulos sin control y algunos de
manera sospechosa, violación de los derechos a las comunidades mineras
indígenas y afro descendientes y acaparamiento de títulos”.
Un
solo ejemplo es revelador. Según relataron a CIPER, dos funcionarios que
por años han trabajado en Ingeominas, percibían una excesiva cercanía
de algunos directivos con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA). De
hecho, una de cada cinco hectáreas concesionadas fue a dar a sus manos.
En
2009, voceros de la Anglo Gold Ashanti (AGA) dijeron a un medio local
que habían devuelto el 92% de las áreas pedidas originalmente y que
entre las áreas que seguían solicitando -y las que ya estaban tituladas a
su nombre- apenas sumaban 166 mil hectáreas. Sin embargo, y aún cuando
la información del Registro Minero Nacional puede estar desactualizada,
la diferencia con lo que éste reporta hoy es enorme. A julio de 2011,
figuran 389 títulos de la AGA registrados en diversos municipios
colombianos, de un extremo al otro del país, los que suman más de 700
mil hectáreas.
¿Cómo logró AGA que le aprobaran el mayor número
de títulos mineros del país prácticamente en tres años, cuando otras
empresas tuvieron que esperar en promedio casi cinco años para conseguir
los suyos?
Cabe destacar que dos funcionarios de Ingeominas, el
ahora ex director Julián Villarruel y Liliana Alvarado, quien era
subdirectora de recursos del subsuelo de esa institución, trabajan hoy
para la AGA, según denunció Lasillavacía.com.
Con el sucesor de
Villaruel el ambiente denso en Ingeominas empeoró. El gobierno de Uribe,
según lo han denunciado varios artículos de prensa, le dio esta entidad
para que pusiera allí sus fichas al entonces
congresista conservador Ciro Ramírez,
quien después, en marzo de 2011, fue condenado por la Corte Suprema de
Justicia por concierto para delinquir con los paramilitares. Un
funcionario de la entidad cuenta, aún aterrado, cómo unos mineros le
ofrecieron dinero a cambio de que les diera el nombre del encargado de
darle el visto bueno final a los títulos. Y en una conversación casual,
un empresario extranjero que invirtió en el desarrollo de una mina de
oro, dijo que pagó 34 millones de pesos (unos US$15.000) de sobornos
para conseguir el título.
Es verdad que el Código de 2001 había
dejado abierta la posibilidad de que cualquiera con un pago mínimo y un
documento de identidad pudiera hacerse de una concesión minera, pero el
espíritu de la ley buscaba incentivar la promoción, no la especulación.
Al entregar áreas inviables por ser absurdas o microscópicas (una tenía
34 centímetros y otra 19 metros por 16 kilómetros), Ingeominas creó el
río revuelto donde pescaron muchos avispados.
Además, como
Ingeominas se demoraba tanto en registrar los títulos en el Registro
Minero Nacional, algunas empresas pedían y devolvían títulos
permanentemente, para evitarse así tener que pagar el canon
superficiario que, según el Código, debían girar apenas su concesión
quedara inscrita. Aún hoy, que la norma apretó las condiciones,
Ingeominas no ha logrado meter en cintura a todos para que paguen.
Hace tiempo el país no realiza un censo minero nacional completo.
El catastro es tan caótico, que un experto Banco Mundial, contratado
por el gobierno, ha recomendado montar un sistema totalmente nuevo que
pueda tramitar las solicitudes de títulos en poco tiempo y velar porque
quien tenga una concesión pague el canon debido por ella.
La ley del embudoPara
los mineros artesanales el tratamiento fue bien distinto. Organizados
en varias asociaciones y sindicatos, ellos habían conseguido que el
Código Minero de 2001 les diera tres años para legalizar sus minas. De
los 15 mil mineros de hecho que según la Defensoría del Pueblo hay en el
país, llegaron a Ingeominas 2.845 solicitudes de formalización. Y de
ellas apenas consiguieron formalizarse 23. ¿La razón? La norma les
exigía que presentaran mapas técnicos de sus minas y facturas
comerciales de varias décadas atrás.
La ley 1382 que reformó el
Código en febrero de 2010, volvió a abrir la posibilidad de legalizar
minas artesanales. En un año llegaron otras 2.200 peticiones. De éstas,
719 ya han sido evaluadas, pero como las normas son las mismas, sólo una
pasó la prueba documental y próximamente se le hará una visita técnica.
Echar
a andar las peticiones de los mineros artesanales a paso de tortuga, y
las de los nuevos títulos a galope, cerró aún más la posibilidad de que
los artesanales lograran formalizar sus minas: cuando llegaban sus
peticiones ya esas áreas habían sido adjudicadas a nuevos mineros o a
especuladores.
Los cambios de legislación terminaron agravando
los conflictos. Por ejemplo, Medoro Resources obtuvo una concesión en
Marmato (Caldas), un pueblo de mineros artesanales con 457 años de
historia. Encontró reservas de 6,6 millones de onzas de oro y 37
millones de onzas de plata y quiere desarrollar allí una mina a cielo
abierto, pero muchos en el pueblo se han opuesto porque esto implica
desplazarlos y dejarlos sin trabajo. Declaraciones recientes del vocero
de Medoro a la cadena de televisión Al Jazeera, en el sentido de que
tenían varias maneras de sacar a la gente: “presiones del gobierno, la
chequera…”, causaron aún más escozor. Es de esperar que el debate
arrecie cuando la multinacional solicite los permisos de explotación.
Mafias y dragasLa
ley 1381 también dejó abierto un agujero fatal: si un minero que
declaraba ser informal pedía un título, podía seguir explorando su mina
hasta que no se regularizara su situación. Muchas mafias asociadas al
paramilitarismo y al narcotráfico aprovecharon este hueco legal y
fingieron ser mineros artesanales. Esto les dio carta abierta para meter
dragas y bombas costosas a explotar las minas a gran escala, causando
un gran daño ecológico y a la salud. Cuando el gobierno pretendió
cerrarles las minas, alegaron que tenían procesos de regularización en
trámite.
-Fue tristísimo –dijo una ex funcionaria de Medio
Ambiente –pusieron a mineros tradicionales a pedir títulos, y cuando
tenían la solicitud registrada, entraron con sus hombres armados y sus
grandes equipos y los sacaron de sus minas o los convirtieron en sus
trabajadores, casi en condición de esclavitud.
En el río Dagua,
en el sur del país, un minero que explotaba calizas y gravas en el río,
halló unas enormes pepas de oro. La noticia corrió veloz y miles de caza
fortunas llegaron en un santiamén. Algunos trajeron maquinaria pesada y
en cuestión de meses habían causado un desastre ambiental mayúsculo. A
los pequeños los dejaban entrar por unas horas al día. Después de varias
denuncias periodísticas -y de cambiar una vez más la ley para cerrarle
el paso a este tipo de minería mediana altamente destructiva-, el
gobierno logró sacarlos. Así ha cerrado 21 minas entre febrero y mayo de
este año.
Pero según dijeron fuentes de esa región a CIPER, en
el caso del Dagua, como en otros episodios en Chocó y el Bajo Cauca, muy
pronto mudaron sus dragas a otro río. “Los del Dagua se fueron a la
pobrísima población nariñense de Timbiquí,en el Pacífico caucano, y
ahora están allí explotando el oro sin control”, dijo un líder social de la región.
El daño colateral de estas
persecuciones a mineros criminales a veces se hace extensivo a verdaderos mineros artesanales.
Opositores al gobierno, como el senador de izquierda, Jorge Robledo,
sostienen que es deliberada la persecución a toda la minería con el
objeto de abrirle camino a la gran minería a gran escala. El director de
Ingeominas, Oscar Paredes y el viceministro de Minas, Tomás González,
niegan absolutamente que esta sea una política oficial, y sostienen que
se creará una unidad que desarrolle créditos blandos para que estas
comunidades mejoren sus operaciones y las capacite para que no dañen el
ambiente y mejoren la seguridad laboral. También advierten que serán
radicales contra la minería que camufle a criminales y que destroce el
ambiente.
Pero que los personajes que están manejando el negocio
de mini-dragas y dragas son de calibre mayor es también la opinión de
las autoridades judiciales colombianas. Por ejemplo, según le afirmaron a
El Tiempo, han detectado que las minas que llegaron a controlar el
narco-paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco (extraditado a
Estados Unidos) y su segundo al mando del Bloque Central Bolívar,
Rodrigo Pérez, en el Sur de Bolívar, han sido heredadas por otros grupos
armados que hoy las controlan.
“Hay evidencia –dice El Tiempo—de que reactivaron su dominio en ese sector en donde ya
habían reclutado menores y mujeres a quienes carnetizaron y trataban como esclavos al servicio de la empresa minera Grifos, de
la que era socia la esposa de Macaco”.
En el registro minero nacional aparece una empresa -Sociedad Minera
Grifos S.A.- con dos títulos registrados en 2006 y aún vigentes, pero no
en el Sur de Bolívar, sino en la población cercana de Zaragoza en
Antioquia.
La policía y la fiscalía, que ha creado una unidad
especial para perseguir la minería ilegal, también han detectado que las
guerrillas de las FARC están explotando minas de aluvión o están
extorsionando a los mineros. Además, como las normas vigentes permiten
comprar la misma cantidad de explosivos para abrir una mina pequeña que
una grande, tener negocios de minería les resulta conveniente porque
pueden obtener los explosivos que quieran sin levantar sospechas.
El
crimen organizado también ha encontrado en la importación de dragas un
mecanismo para repatriar sus utilidades de la droga y en las
exportaciones ficticias de oro, una vía para lavar dinero.
Un ex
jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, le confesó a la justicia una
estratagema para lavar dinero: recibir los pagos por la droga exportada
en oro, traerlo clandestinamente a Colombia, y venderlo a
comercializadoras autorizadas, declarándolo como producido en el país.
Por cada onza de oro que le paga al productor, la comercializadora debe
descontar el 4 % de regalías que luego debe girar al gobierno, para que
éste a su vez le gire al municipio de dónde el productor declaró haber
sacado el oro. De esta manera,
los paramilitares obtenían el
pago por su oro, y después, hacían tratos con los alcaldes de los
pueblos que iban a recibir esas regalías para que se las devolvieran a través de contratos ficticios.
Esta
fórmula de lavar dinero vía regalías sigue operando. A los municipios
antioqueños de Segovia y Remedios, por ejemplo, el gobierno les
suspendió el giro de regalías, pues encontró que tenían sospechosos
contratos con particulares para promover la minería y los pagaban con
dinero de las regalías. En el municipio chocoano de Itsmina, la
suspensión de los giros se dio por un súbito e inexplicable crecimiento
de la producción de oro declarada: un aumento de 2.031 % en sus regalías
entre 2008 y 2010. Más raro fue que, apenas Itsmina recibió las enormes
regalías, salió a pagar una deuda “sin saberse si era real o ficticia”,
dijo a Ciper un funcionario que conoció el caso.
Los vínculos
de la minería con grupos armados no sólo se dan en las minas de hecho.
En diversos puntos de la geografía, organizaciones sociales han
denunciado que algunas mineras han financiado a grupos paramilitares
para protegerse o para forzar el desalojo de comunidades de las minas
que quieren explotar. Quizás
la empresa más cuestionada en esta materia ha sido la multinacional estadounidense Drummond.
Drummond
es objeto de varias acusaciones en Colombia por posible complicidad con
los paramilitares que infiltraron la política y aterrorizaron a la
gente del Cesar, desde mediados de los años 90, justo cuando esta
empresa arrancó allí su producción de carbón. Dos ex paramilitares han
asegurado de que la empresa ayudó a crear y financió el frente Juan
Álvarez de las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC), para que
cuidara la operación y la línea del ferrocarril que transporta el carbón
hasta el puerto cerca de Santa Marta. Asimismo, según lo investigó
VerdadAbierta.com, Drummond compró tierras a testaferros del
paramilitarismo para desarrollar su mina El Descanso.
Y hay más.
En abril de este año, la Fiscalía acusó a un contratista que les proveía
la comida a los trabajadores de la Drummond, de complicidad con los
paramilitares en el asesinato de dos líderes sindicales de la empresa
minera, Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, en marzo de 2001. Por
estos hechos organizaciones sindicales y de derechos humanos han
entablado tres demandas civiles contra la Drummond en Alabama. Alegan
que los directivos de la carbonera sabían de estos crímenes y los
cohonestaron. La empresa, que ya logró que la justicia estadounidense
desestimara una primera demanda, ha reiterado en avisos de prensa, que
las acusaciones son falsas.
Minas que matanLos
miles de mineros informales que buscan explotar el oro de los ríos
están contaminando el agua con metales pesados como el mercurio y al
cianuro. Además, como la amalgama que se forma con estos metales se
quema para extraer el oro, el aire también se envenena. La Defensoría
encontró que en el aire de los pueblos mineros de Segovia, Zaragoza y
Remedios, el nivel de mercurio puede ser hasta mil veces más alto que el
permitido. En Remedios se descubrió que 15 personas han pedido
trasplante de riñón por intoxicación con mercurio.
Grandes
proyectos mineros también han sido cuestionados por sus posibles efectos
nocivos a los ecosistemas. El gobierno de Santos, presionado por la
movilización de los habitantes de Bucaramanga, una de las principales
ciudades colombianas, puso en entredicho la licencia ambiental otorgada a
la minera canadiense GreyStar para explotar un área en el páramo de San
Turbán, donde nace el agua que abastece a los bumangueses y la minera
debió retirar su proyecto y tendrá que reformularlo.
Asimismo, el
pasado 6 de julio el gobierno ordenó el cese absoluto de actividades
mineras en el Parque Nacional Yaigoje Apaporis, que es además área de
resguardo indígena. Allí la empresa canadiense Cosigo hizo varias
visitas intentando ganarse el visto bueno de la comunidad para poder
explotar el oro, y había conseguido que le dieran un título minero.
-De
los otros 37 casos de títulos mineros que se superponían con parques
naturales, en 12 encontramos superposiciones de menos del 1% de área y
estamos ajustándolas de oficio, y en los demás estamos trabajando con
las compañías para resolver el tema -dijo a Ciper, Oscar Paredes, actual
director del Ingeominas.
En páramos encontraron 630 casos de
superposiciones con títulos mineros, algunos en áreas tan estratégicas
como el Macizo colombiano donde nacen los dos ríos más importantes del
país, el Magdalena y el Cauca. Paredes explicó que están negociando con
las empresas titulares para corregir esta situación. Con la AGA, que
tiene 40 títulos en páramos, ya están en conversaciones.
Anglo
Gold Ashanti (AGA) , está preparándose para pedir la licencia ambiental
para la gran mina de oro de La Colosa, en el municipio de Cajamarca, en
Tolima. El proyecto ha sido cuestionado por organizaciones ambientales
de la región y algunas autoridades, principalmente por
el posible impacto que puede tener la actividad minera sobre la vecina área de Reserva Forestal Central y sobre el Río Coello que abastece a los habitantes de varios municipios.
Algunas
explotaciones de carbón no se quedan atrás en cuanto a problemas
ambientales. En 2008, a raíz de una airada protesta de las comunidades
en el centro del Cesar por el estado de contaminación y de abandono en
que estaba este distrito minero de carbón, en dónde operan varias
empresas multinacionales y nacionales, los funcionarios ambientales
fueron a verificar in situ qué sucedía.
Al constatar la grave
contaminación por partículas y polvo en el aire, abrieron una
investigación a la Drummond. Y a pesar de las presiones, incluso dentro
del mismo gobierno para que la frenaran, el ministerio se llevó a Bogotá
todos los expedientes que estaban congelados en la corporación local de
control ambiental. Por tratarse de una zona de alto impacto ambiental,
se decidió que era la entidad nacional y no la local la que debía
intervenir.
Las empresas finalmente se comprometieron a mejorar
las condiciones de la zona y a reubicar a cuatro poblaciones (Plan
Bonito, El Prado, El Hatillo y Boquerón), las más afectadas por la
contaminación por el polvillo de carbón. Pero hasta ahora, todo sigue
igual.
Quizás lo más preocupante del daño ambiental es que, como
lo ha demostrado el experto Guillermo Rudas, con el auge minero los
gobiernos no han cumplido la norma que les indica que deben invertir al
menos 17 % de la regalías en la preservación y mejoramiento ambiental.
Apenas destinaron el 3,2% en promedio entre 2004 y 2009. Además,
mientras la producción minero-energética pesa cada vez más en la
producción nacional, el presupuesto ambiental como porcentaje del PIB ha
sido cada vez menor. (
Haga clic aquí para la ver tabla).
Sin prevenciónTampoco
están bajo control de las autoridades los accidentes laborales del
sector que a mayo de este año había dejado ya 62 mineros muertos. La
mayoría de estos accidentes suceden en las pequeñas minas artesanales en
cuatro departamentos que producen carbón de socavón: Antioquia, Boyacá,
Cundinamarca y Norte de Santander. La mayoría se produce cuando el gas
metano atrapado en la mina estalla con una chispa de una lámpara o una
cerilla o cuando los rudimentarios soportes de la mina se desploman.
Hasta
ahora los sucesivos gobiernos han anunciado apoyo para mejorar las
condiciones de seguridad de los mineros, pero como sucedió en la mina
San Fernando, en Amagá (Antioquia), en junio de 2010, donde perecieron
73 trabajadores, la respuesta más frecuente es cerrar la mina después de
la tragedia. Al poco tiempo la gente se las ingenia para volver a
trabajar porque no tienen otro medio de ganarse la vida. Así lo
documentó en detalle la televisión local en un programa desgarrador
sobre el caso. (
Haga clic aquí para ver el reporte oficial de fatalidades en los últimos años).
Retos y medidasPara
que la minería en Colombia pueda institucionalmente ser medianamente
administrada y fiscalizada, es necesario reforzar el sector.
En
el año de gobierno ya se consiguió aprobar un Sistema Nacional de
Regalías para administrar mejor las compensaciones. Ahora ya no irán
sólo a los territorios de dónde salen los minerales, sino también para
financiar el desarrollo social, económico y ambiental de los municipios
más pobres, entre otras modificaciones. Además, el 2 % irá a fortalecer
la capacidad estatal de fiscalización, el conocimiento y la cartografía
geológica del subsuelo; dos tareas que el Estado ha desempeñado
pobremente.
Por ahora, además,
se congeló la recepción de
nuevas solicitudes de títulos mineros a la espera de que se terminen de
procesar las cerca de 19 mil acumuladas. En lo que va de 2011
tan sólo han emitido 187 títulos. Otro de los anuncios del nuevo
gobierno es que Ingeominas volverá a concentrarse en investigar el
territorio nacional, ampliamente desconocido a los niveles de detalle
que requiere la minería. La administración correrá por cuenta de la
Agencia Nacional de Minería.
También deberá reformularse el
Código Minero ya que la Corte Constitucional tumbó la ley que lo reformó
en 2010, y sólo para dejar vigente la prohibición tajante de permitir
minería en páramos, aplazó su término por dos años más, hasta que el
gobierno apruebe una nueva ley. Se deberá normar además, la entrega de
áreas de concesiones en cuadrícula, y no las irregulares que se han
prestado para tantos juegos especulativos.
Desde la industria minera
los anuncios se reciben con sentimientos mezclados. Volver a abrir la
caja de Pandora de intereses que significa cada reforma al Código Minero
puede tener un final impredecible. El más temido es que les arruine la
rentabilidad de sus inversiones. Aunque evidentemente, les será más
fácil operar con instituciones más transparentes y menos arbitrarias,
como por ejemplo, un nuevo catastro minero.
El gobierno está
buscando también cómo mejorar su pobre capacidad de fiscalización. Según
un informe de mayo de la Contraloría, varias compañías mineras, entre
ellas Drummond, Cerro Matoso y Prodeco, subsidiaria de Glencore, pagaron
cercan de US$150 millones menos en regalías al Estado en 2007 y en 2008
de lo que debieron pagar.
El gobierno cree que la mejor manera de
fiscalizar la producción y el cumplimiento de las normas de seguridad,
es delegar la tarea al sector privado. Una idea que despierta todo tipo
de temores ya que otra iniciativa similar para controlar la inversión de
regalías en los territorios, terminó contratando firmas privadas
interesadas más en bajar costos que en realizar la difícil y peligrosa
tarea de vigilar el buen uso de las regalías.
Por último,
Colombia está considerando si mantiene las tarifas impositivas y de
regalías actuales, que según varios estudios le dejan al gobierno
proporcionalmente menos recursos que a otros países productores.
No
es exagerado decir que si Colombia aprovecha bien su bonanza minera,
puede saltar al desarrollo. El auge minero y petrolero es una
oportunidad única para darle un empujón al país en materia de
infraestructura y sacar de la pobreza a gran parte del 46 % de los
colombianos que aún no tiene los ingresos suficientes para tener una
vida digna. Pero para ello debe haber conciencia de que cada peso que se
obtenga es un patrimonio que ya no se podrá recuperar.
El camino para ello no es fácil.
El gobierno deberá crear fórmulas para desterrar las mafias y darles espacio a los mineros artesanales.
Además, deberá imponer ante las empresas que corrompieron las
instituciones y violaron la ley, una nueva ética de desarrollo
sostenible. Una vez creados los mecanismos institucionales adecuados,
tendrá que hacer valer la protección del medio ambiente colombiano como
un tesoro más valioso que el oro y el carbón.
Para esa gran
transformación pendiente los tiempos políticos son cortos. Mientras la
locomotora minera va a toda máquina cruzando la vía de un negocio de
miles de millones de dólares, el temor de que la promesa de prosperidad
termine en un mero espejismo sigue vigente para la gran mayoría de los
colombianos.
* Esta investigación fue realizada gracias al financiamiento de la Fundación Ford.
Tomado de
http://www.semana.com/nacion/fiebre-minera-apodero-colombia/163716-3.aspx
Nuestra pagina web
www.cumbredepaz2009.org
Vea el video de nuestro Canal Aliado, Mision Tierra Territorios
La keniana Wangari Maathai,
Premio Nobel de la Paz en 2004 por su compromiso con el medio ambiente,
falleció el domingo a los 71 años de edad por causa de un cáncer. Así
lo anunció el movimiento Greenbelt, fundado por ella, en su página de
internet: "Con inmensa tristeza, la familia de Wangari Maathai anuncia
su fallecimiento, ocurrido el 25 de septiembre después de un largo y
valiente combate contra el cáncer".
