No a las armas

Tomado de

http://www.semana.com/opinion/no-armas/170835-3.aspx

Todo movimiento tendiente a rechazar las armas ha de ser tan vigoroso como las armas mismas. Pero, como vivimos la cultura de las armas y de las guerras no es tan fácil lograrlo. 

Por Rafael Ballén

Construir una sociedad sin armas depende de un gobierno mundial, pero también de todos los gobiernos nacionales y locales. Por eso es laudable la actitud de Petro. Una ciudad en armas es la expresión de una cultura, y el inicio de un modelo cultural es algo supremamente simple. La primera mujer que tomó un palo para hurgar la tierra con el propósito de buscar raíces para alimentar sus hijos revolucionó el mundo. Pronto lo harían otra y otra más y después todas las de la tribu, dando inicio al arado, que es uno de los fenómenos culturales más importantes de la humanidad. Del mismo modo, los grandes procesos armamentistas y conflagraciones mundiales han tenido inicio con un hecho cualquiera, relacionado con la fabricación y el uso de armas, pues las pautas culturales, una vez que hacen parte de una sociedad, se vuelven más poderosas que las propias armas. Por eso, debemos pedirles a los científicos, a los poetas, a los filósofos, a los sociólogos, a los historiadores, a los pensadores en general, que se rebelen contra las armas. Quizá en alguno de esos momentos de dolor y de sufrimiento que causan las armas, una de estas protestas cale profundamente dentro de la sociedad y podamos dar inicio a una cultura sin armas, a una cultura de paz y de defensa de la humanidad.

Todo movimiento tendiente a rechazar las armas ha de ser tan vigoroso como las armas mismas. Pero, como vivimos la cultura de las armas y de las guerras no es tan fácil lograrlo. Para desarmar un pueblo se necesita paciencia y perseverancia. Si en la ciudad se ha construido una cultura de armas, a través de las décadas y de los siglos, desarmarla no será tarea de un año o de una década: quizá se necesite medio siglo o un siglo completo. Comenzar ya, es lo importante.

Es también un deber controvertir los cantores de las armas, como Spencer, quien se atreve a tergiversar la teoría de la evolución de las especies de Darwin, y a decir que, de no haber sido por la construcción de armas, no habrían surgido las herramientas agrícolas e industriales. Con múltiples argumentos se puede rechazar esta falacia. Cito tres, para ser breve. En primer lugar, el origen de todas las herramientas es supremamente antiguo, como se puede concluir de la observación de los instrumentos utilizados por homo habilis, homo erectus y luego por las diferentes etapas de homo sapiens. Las armas como tales, con propósito defensivo y ofensivo, son un asunto demasiado nuevo. En segundo lugar, las máquinas agrícolas más modernas y técnicas, el tractor y la combinada para la recolección de cereales, tuvieron sus antecedentes en dos antiquísimas herramientas: el arado y la hoz. En tercer lugar, muchísimas cosas procesadas tuvieron su origen en el trabajo manual y creativo, miles de años antes de que apareciera el flagelo de la guerra: la vivienda, los canales de riego, la rueda, el pan y la cerveza, por ejemplo. Afortunadamente hay científicos de la paz que son el contrapeso de Spencer, como Einstein, quien dice: “Incondicionalmente rechazaré todo servicio de las armas”.

El rechazo no sólo debe ser a las armas nucleares, a los tanques y aviones de guerra, sino también a las armas pequeñas. El mundo está inundado de armas pequeñas y ligeras: revólveres, pistolas, granadas de mano, lanzadores de misiles portátiles, fusiles, etc. Hay aproximadamente 500 millones de este tipo de armas, en el mundo, es decir, una por cada doce personas. Y, son fáciles de comprar y de manejar. Con un entrenamiento mínimo, hasta un niño puede usar una, y siempre con fatales consecuencias. Como todas las armas, las pequeñas también exacerban los conflictos, provocan flujo de refugiados y engendran una cultura de violencia e impunidad. En suma, constituyen una amenaza para la paz, el desarrollo, la democracia y los derechos humanos. De acuerdo con un estudio que cita el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, estas armas, producen aproximadamente mil muertos por día en todo el mundo, siendo las mujeres y los niños el mayor número de víctimas.

Los 100 municipios críticos del conflicto armado

Un estudio de la desaparecida Cnrr identificó las regiones y las comunidades más golpeadas por el conflicto armado. Además presentó una guía para la reparación colectiva.

Tomado de

http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-desplazados/3800-una-lupa-al-conflicto/

De los 1.125 municipios que hay en Colombia, en 100 de ellos están concentrados los mayores casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, porque allí los grupos armados ilegales provocaron desplazamientos masivos, masacres, dejaron minas antipersonales, asesinaron a líderes sociales y destruyeron a comunidades organizadas.

Así lo advirtió uno de los últimos estudios realizados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconcialiación, Cnrr, que antes de su disolución presentó junto a  la OIM y Usaid una guía para que el gobierno nacional realice las reparaciones colectivas que contempla la Ley de Justicia y Paz. Además presentó el Programa Institucional de Reparación Colectiva, Pirc, un documento que recomienda y plantea rutas sobre cómo hacer la reparación a partir de consultas realizadas con seis comunidades afectadas.

VerdadAbierta.com presenta un resumen de las regiones con más víctimas, los colectivos más golpeados y las comunidades que formularon proyectos para que el Estado las repare:

(Vea mapa interactivo al final del texto)

1-.Sur de Bolívar, Yondó y El Bagre
Es una de las regiones más ricas y mejor ubicadas del país. El informe señaló que históricamente ha sido disputada por los grupos armados ilegales por la serranía de San Lucas, donde hay explotaciones de oro, así como por el acceso que ofrece el río Magdalena, su cercanía a la refinería de Barrancabermeja y por ser paso obligado para las comunicaciones del país.

Esta zona comenzó siendo cuna del Eln en 1970 y en los siguientes veinte años de las Farc, principalmente de los Frentes 24 y 46. Según lo han confesado varios ex paramilitares en Justicia y Paz, a finales de los años noventa los hermanos Carlos y Vicente Castaño ordenaron la ‘exportación’ de paramilitares al sur de Bolívar.
Allí tuvo su origen el Bloque Central Bolívar, Bcb, que extendió sus tentáculos por varios departamentos a cargo de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ e Iván Roberto Duque Escobar alias ‘Ernesto Báez’. (Lea: Los tentáculos del Bloque Central Bolívar).

Según datos de Acción Social y del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, a partir de 2000 la situación de derechos humanos en la región se convulsionó provocando 99.531 personas en situación de desplazamiento, 38 víctimas en masacres, 169 víctimas de minas antipersonal y homicidios contra alcaldes, concejales, periodistas, sindicalistas, y líderes comunitarios.

2-.Montes de María
Compuesta por varios municipios de Sucre y Bolívar, fue una zona disputada desde finales de la década de 1990 por guerrilleros y paramilitares en su puja por el control de las rutas de comunicación y del narcotráfico hacia la Costa Caribe.  En 1997 la violencia se incrementó en la región tras la incursión del Bloque Norte de las Auc  a cargo de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, que llegó matando a los líderes de la región (Lea Un pulso a las verdades en Montes de María).

Según datos del informe de la Cnrr, entre 1997 y 2009 en esta región los grupos armados ilegales cometieron 45 masacres, entre ellas la de Macayepo, Mampuján y El Salado, desplazaron a 219.603 personas y 242 personas fueron víctimas de minas anti-personal.

3-.Catatumbo
Esta zona comprendida por los municipios El Tarra, Tibú, Convención, San Calixto, Teorama y El Carmen, en Norte de Santander, es estratégica por su relieve montañoso, cercanía con la frontera venezolana, ríos y conexión con el Nudo de Paramillo, el norte de Antioquia, el Bajo Cauca Antioqueño, el Magdalena Medio, sur de Bolívar y Cesar.

Entre las décadas de 1970 y 1980, en esta región delinquió la guerrilla hasta que la Casa Castaño envió en 1999 a un grupo de paramilitar que luego se conoció como el Bloque Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso. Allí las Auc cometieron masacres e incluso crearon un crematorio ilegal para desaparecer a sus víctimas, según lo confesó en varias versiones libres Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’.  Este grupo dejó por lo menos 8 mil víctimas en esta región del país.

El estudio encontró que a partir de 2002 el Catatumbo presentó las más altas tasas de victimización con 25 masacres en las que fueron asesinadas 203 personas, mientras que en otros casos se registraron 430 víctimas de minas antipersonal; en la región 71.825 personas fueron desplazadas, de las cuales solo en 2002 lo hicieron 21 mil personas.

4-. Sur Oriente Antioqueño
Esta región integrada por varios nueve municipios de Antioquia y dos de Caldas es apetecida desde hace varios años por los grupos armados ilegales por su cercanía con el Valle de Aburrá. En esta zona además el gobierno desarrolló en la década de 1970 dos proyectos de impacto nacional como fueron el complejo hidroeléctrico del Peñol, San Rafael y San Carlos y la autopista con conexión Medellín-Bogotá, siendo estas dos ciudades enclaves económicos del país.

Para esa época en la región delinquieron las Farc y el Eln, y a partir de finales de la década de 1970 los paramilitares provenientes de la Casa Castaño, llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Accu.
En Antioquia, principalmente en los barrios más pobres de Medellín, los paramilitares delinquieron con lo que se conoció primero como el Bloque Metro a cargo de Carlos Mauricio García alias ‘Doblecero’ y luego como el Bloque Cacique Nutibara a cargo de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’. A partir de 2002 la zona fue escogida por las fuerzas militares como epicentro de operativos, entre ellos, la Operación Orión realizada por la IV Brigada entre el 16 y el 20 de octubre de ese año.

Según el informe, ese año se disparó el número de víctimas en la región con 57 masacres en las que fueron asesinadas 319 personas, 755 pisaron minas antipersonal y 171.180 fueron desplazadas, de las cuales 37.926 abandonaron sus tierras en 2002.

5-.Urabá antioqueño y chocoano
Esta esquina del país es rica por ser puerto marítimo, contar con sistemas montañosos y selváticos y conectar con Centroamérica, siendo una de las rutas utilizadas por los grupos armados ilegales para comercializar la cocaína. Sus tierras fértiles han sido por años propicias para el cultivo del banano y de forma más reciente, de la palma aceitera.

En la década de 1970 y 1980 la guerrilla delinquió en esta región y a partir de 1995 los paramilitares, que fueron enviados por la Casa Castaño. En el Urabá antioqueño delinquió un grupo a cargo de Hébert Veloza alias ‘H.H.’, conocido como el Bloque Bananero, mientras en el Urabá chocoano lo hizo el Bloque Élmer Cárdenas a cargo de Freddy Rendón alias ‘El Alemán’.

Según datos del estudio de la Cnrr, entre 1997 y 2009 fueron cometidas 44 masacres en las que fueron asesinadas 412 personas,  448 personas pisaron minas antipersonales, y 323.228 personas fueron desplazadas, de las cuales 128.405 abandonaron sus tierras entre 2000 y 2003.

Pilotos de reparación
Teniendo en cuenta a las comunidades más afectadas por el conflicto armado, la Comisión hizo un trabajo de campo y le pidió a las víctimas que expresaran cómo quieren que el gobierno nacional las repare de forma colectiva. Entre sus primeras peticiones están el derecho a la verdad, la justicia y garantías de no repetición, la dignificación de las víctimas, la verdad colectiva y la memoria.

También solicitaron la restitución de bienes colectivos, rehabilitación comunitaria, formación y recuperación de la capacidad productiva, y garantías de acceso a educación, salud y trabajo, además de contar con obras de infraestructura y espacios de desarrollo cultural. Los siguientes son algunos casos emblemáticos por donde, según la Comisión, el gobierno debería comenzar la reparación colectiva:

Las Atcc, La India, Santander
La Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, Atcc, es considerada una comunidad víctima, después de que durante varias décadas tuvo que hacerle frente a los grupos armados ilegales que delinquieron en el Magdalena Medio. Primero por la guerrilla, principalmente el Eln, luego el movimiento Muerte a Secuestradores, Mas, después por las Farc y luego por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Desde la década de 1960 hasta principios de 2000 las Atcc, que tiene como influencia 36 sectores veredales de seis municipios de Santander, con sede principal el corregimiento de La India, en Landázuri, fueron víctimas de masacres, torturas, amenazas y asesinatos.  Entre estos hechos se recuerdan los asesinatos de Josué Vargas Mateus, presidente de la Atcc; Saúl Castañeda, secretario de la Atcc; Miguel Ángel Barajas Collazos, asesor de la Atcc y la periodista Sylvia Margarita Duzán, ocurridos el 26 de febrero de 1990.

El Salado, Carmen de Bolívar, Bolívar
La población del Salado sufrió uno de los capítulos más crueles de la historia de Colombia. En febrero de 2000 un grupo de paramilitares entró a este corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar y asesinó a 66 personas entre hombres, mujeres y niños, acusándolos de guerrilleros. Según lo documentó Justicia y Paz, los paramilitares violaron a las mujeres y asesinaron a las víctimas en lapsos de media hora tocando instrumentos como si se tratara de una ‘fiesta’.

Tras la masacre, los saladeños se desplazaron y el pueblo quedó desarticulado y sin tierras. El 8 de julio de 2011 entregó 63 títulos a campesinos del Salado y dijo que esta zona será piloto en el proceso de restitución de tierras que comienza este 2012 con la aplicación de la Ley de Víctimas.

La Libertad, Sucre
En este corregimiento de Sucre, los pobladores fueron víctimas de torturas  y maltratos por parte del Bloque Héroes de los Montes de María, a cargo de Rodrigo Mercado Pelufo alias ‘Cadena’ y Marco Tulio Pérez alias ‘El oso’. Según lo documentó Memoria Histórica, los paramilitares establecieron castigos públicos, impusieron trabajos forzados, se apoderaron de las fiestas patronales e hicieron valer por las armas privilegios económicos y sociales. (Lea: La barbarie de ‘Cadena’ en San Onofre’).

En esta zona del país además cometieron violencia sexual contra las mujeres y homosexuales, obligándolas a cumplir papeles de sumisión y en el segundo caso, a protagonizar peleas públicas que eran ridiculizadas en plazoletas.  Según lo documentó la Comisión, “Libertad es un caso emblemático de la violación de derechos colectivos. La violencia ocasionó daños nefastos en la comunidad que terminaron por profundizar la pobreza, transformaron las tradiciones culturales, deterioraron la convivencia, fracturaron el tejido social…”

La Gabarra, Norte de Santander
En este corregimiento de Tibú, la población sufrió masacres y desplazamientos por parte del Bloque Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso.  Este grupo paramilitar incursionó esta región en 1999 cuando las Auc enviaron paramilitares a Norte de Santander con el pretexto de combatir a la guerrilla y de paso controlar las rutas de narcotráfico de la zona.

Según el informe de la Comisión, las masacres ocurridas el 29 de mayo y el 27 de agosto de 1999 dejaron 100 víctimas y provocaron el desplazamiento de por lo menos dos mil personas que terminaron buscando refugio en Venezuela, el país vecino. En Justicia y Paz, ex paramilitares como Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’ confesaron que las Auc instalaron crematorios en el Catatumbo para desaparecer a sus víctimas. La Fiscalía documentó además por lo menos 25 casos de violencia sexual contra las mujeres, que eran reclutadas como esclavas sexuales de los paramilitares.

El Tigre, Putumayo
Los paramilitares del Bloque Sur Putumayo llegaron a esta región del país en 1997, por encargo de la Casa Castaño. Para finales de la década de 1990 ya delinquían en Puerto Así, El Placer, La Dorada, Santa Ana y Orito donde cometieron masacres y desplazamientos.

El Tigre, inspección del municipio de La Hormiga, ha estado desde la década de 1980 en disputa por los grupos armados por tratarse de un corredor estratégico de movilidad y de tráfico de la cocaína. Según el informe de la Comisión, este poblado fue estigmatizado como zona guerrilla y con ese pretexto las Auc cometieron una masacre allí el 9 de enero de 1999.

Esta fue además una zona donde los paramilitares cometieron delitos sexuales. Abusaron de mujeres y niñas, y atentaron además contra comunidades étnicas como el Cabildo Embera y el Consejo Comunitario de Negritudes de la Vereda Villa Arboleda. Este grupo paramilitar dejó por lo menos 5.500 víctimas en Putumayo.

Buenos Aires, Cauca
Por más de veinte años este municipio estuvo en la mira primero de las Farc y luego de los paramilitares del Bloque Calima, a cargo de Hébert Veloza alias ‘H.H’. Según datos del antiguo Acción Social, de este pueblo fueron desplazadas 7.559 personas entre 2000 y 2002 tras el conflicto por el control de los cultivos de coca y amapola y el dominio de corredores estratégicos.

En medio del conflicto, la comunidad sufrió un daño colectivo. El informe de la Comisión señaló que los habitantes perdieron sus cosechas y animales, así como el acceso a la educación después de que los paramilitares se tomaron el colegio. “La ruptura en el tejido social y cultural de la comunidad son daños reconocidos por las mismas víctimas, quienes afirman que durante la presencia del grupo perdieron la posibilidad de realizar actividades cotidianas”, indicó el informe.

Universidad de Córdoba
En varias versiones libres, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso confesó que para comienzos de 2000 la Universidad de Córdoba fue objetivo de asesinatos contra profesores y estudiantes que pertenecían a sindicatos, siendo tildados por las Auc de tener presuntos vínculos con la guerrilla.

“La Universidad de Córdoba fue durante años escenario de hechos violentos y hostilidades en contra de su personal”, señaló el informe de la Comisión. “La presencia constante de miembros y aliados de los grupos de autodefensa, con mayor fuerza a partir de 1997, fue un factor que suscitó la constante violación de derechos”, indicó.

 

Muere Premio Nobel de Paz keniana Wangari Maathai

Un cáncer acabo con la vida de la africana, anunció Greenbelt en su página de internet.

La keniana Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004  por su compromiso con el medio ambiente, falleció el domingo a  los 71 años de edad por causa de un cáncer. Así lo anunció el movimiento Greenbelt, fundado por ella, en su página de internet: "Con inmensa tristeza, la familia de Wangari Maathai anuncia su fallecimiento, ocurrido el 25 de septiembre después de un largo y valiente combate contra el cáncer".

En 2004, la militante fue recompensada con el Premio Nobel por el trabajo de su Movimiento Cinturón Verde, que fundó en 1977, y se convirtió en la primera mujer africana en recibir esta distinción. 

El principal proyecto de su movimiento busca promover la biodiversidad y al mismo tiempo crear empleos para las mujeres y realzar su imagen social. Esta organización ha plantado desde 1977 cerca de 40 millones de árboles en África.

Maathai fue la primera mujer doctorada en África central y oriental. Dirigió la Cruz Roja keniana en los años setenta, fue luego secretaria de Estado para Medio Ambiente entre 2003 y finales de 2005. En su autobiografía publicada en 2006 bajo el título de "Con la cabeza bien alta", contaba cómo, por efecto del cambio climático, el medio ambiente se había degradado en su región del Monte Kenia. 

Más allá de su país natal, Wangari Maathai extendió su combate ecológico a toda África. Estos últimos años, la militante se había consagrado a la protección de la selva de la cuenca del Congo en el África central, segundo macizo forestal tropical del mundo. En su combate, la militante se topó con la corrupción y con la represión policial, y fue varias veces a la cárcel. Ciertas declaraciones polémicas sobre el sida en 2003 -que rectificó luego- suscitaron reservas con ella, sobre todo por parte de Washington. 

Maathai estuvo casada con un político, que se divorció de ella y la dejó con tres hijos -Waweru, Wanjira y Muta- y una nieta, Ruth Wangari.

AFP

Tomado de

http://www.eltiempo.com/mundo/africa/muere-premio-nobel-de-la-paz-keniana-wangari-maathai-_10436584-4

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"En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra''

Así lo asegura Susan Lee, directora para América de Amnistía Internacional, organización que, en su informe sobre violencia sexual contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, asegura que las autoridades "siguen negando el derecho a la justicia". Por Semana.com

Tomado de

http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3560

El informe de Amnistía Internacional "Eso es lo que nosotras exigimos: Que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, difunde historias y cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están relacionados con el conflicto armado.

Según la organización, en el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a 12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea inferior al de los casos reales.

Y es que el informe precisa que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.

Cabe recordar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron la violencia que sufrieron.

A su vez, según un informe de la Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a denunciar la agresión.

En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no denunció los hechos de los que fueron víctimas.

El informe expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para “explotarlas como esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios”.

Se recuerda entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5 por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el presunto autor.

El ente acusador agrega que además de esos casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto.

En el informe también se explica que las mujeres indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde viven.

Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.

Justicia ausente, autoridades ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que impiden el ejercicio de la justicia: “la histórica inexistencia de voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de derecho internacional”.

Tras su estudio de casos y su diálogo con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que las autoridades “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el largo conflicto armado” y que aún les niegan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“En Colombia, las mujeres y las niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y castigarlas”, asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

Agrega que a pesar de la intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los derechos humanos, “aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia sexual contra mujeres”. Lee añade que se debe combatir la discriminación de mujeres y niñas.

El movimiento global critica además que la “inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor que rodea la denuncia de estos crímenes” dificultan evaluar el alcance real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima denuncia, la investigación no es “efectiva”.

La organización pide a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice “prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a las víctimas”.

El informe subraya además que muchos de los casos de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.

Testimonio
Para su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su seguridad.

Carolina era líder comunitaria en un pueblo del departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a las autoridades.

Los miembros del grupo paramilitar intentaron que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007, ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.

En junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron, por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.

El caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.

En septiembre del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a testificar.

En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso. Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina hace poco.

Tras difundir historias de víctimas como la de Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las cifras más destacadas.

Conflicto armado
- Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante los 45 años de conflicto en Colombia.

- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.

- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.

- La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es significativamente superior.

- Defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren particularmente los abusos.

Actores del conflicto
- Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta, Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

- El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó, Nariño y Cauca.

- A los grupos paramilitares, responsables de violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa también de liderar operaciones de “limpieza social” en barrios pobres urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de entre 8.200 y 14.500 personas.

Proceso de Justicia y Paz
- De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y devolver tierras y bienes robados.

- Cerca del 90 por ciento de las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.

- A finales de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes de violencia sexual.

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Día Internacional de la Paz. ¡haz que tu voz se oiga!

Tomado de

http://www.un.org/es/events/peaceday/2011/

El 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz. La Asamblea General  ha declarado que este es un día dedicado a fortalecer los ideales de la paz, tanto en el seno de todos los pueblos y naciones como entre ellos.

Este año, en que el Día se celebra por trigésima vez, el tema es “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”.

En el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas se afirma que la Organización se fundó para prevenir y resolver los conflictos internacionales y ayudar a crear en el mundo una cultura de paz.

La paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos. La democracia, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sustenta un entorno propicio para el disfrute de innumerables derechos políticos y libertades civiles.

En armonía con el tema del Día se está produciendo en el mundo un fenómeno extraordinario. En todas partes, las jóvenes y los jóvenes están demostrando el poder de la solidaridad acercándose unos a otros y manifestándose unidos en favor del objetivo común de la dignidad y los derechos humanos. 

Este impulso poderoso trae consigo la posibilidad de crear un futuro en paz y democracia. Une tu voz a la de ellos.

Hay muchas formas de participar en las prácticas democráticas, por ejemplo, interviniendo en un diálogo sobre los procesos constitucionales, promoviendo el empoderamiento de la sociedad civil, contribuyendo a la lucha por la igualdad entre los géneros y contra la discriminación, coadyuvando a la educación cívica y fomentando la inscripción de votantes.

El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los pueblos del mundo una fecha común para organizar acontecimientos y emprender actividades que pongan de relieve la importancia de la paz y la democracia en forma útil y realista.

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Noticias de Colombia. Condenan a dos palmicultores por desplazamiento forzado en Chocó.

En el proceso que se adelanta por los ataques realizados por grupos armados al margen de la ley en contra de pobladores de las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí y Truandó en jurisdicción del municipio de Ríosucio, Chocó, entre 1997 y 2000 cuando se inició el cultivo de palma y la práctica de la ganadería extensiva, los palmicultores Luis Alberto Flórez Pérez e Iván Patiño Patiño fueron condenados por su complicidad en el desplazamiento forzado que afectaron a la comunidad de las cuencas del Curbaradó y Jiguamiandó.

Flórez Pérez, quien hipotecó predios para obtener cuantiosos créditos, aceptó su responsabilidad únicamente por el delito de concierto para delinquir, mientras que Patiño Patiño reconoció haber incurrido en concierto para delinquir, desplazamiento forzado en calidad de cómplice, e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

El Juzgado Penal Especializado del Circuito Adjunto de Quibdó los condenó a  a cuatro años y dos meses y cinco años y dos meses de prisión, y a una multa de 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 2.160 salarios mínimos legales mensuales vigentes respectivamente.

Flórez Pérez se encuentra preso en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá y Patiño Patiño está privado de la libertad en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

Tomado de
http://www.verdadabierta.com/component/content/article/158-captura-de-rentas-publicas/index.php?option=com_content&id=3498


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Colombia. Ya son diez los políticos asesinados en el Valle del Cauca

Tomado de 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinatos-de-candidatos-en-el-valle-del-cauca_10348467-4

El último en caer en esta racha de homicidios fue José Narváez, candidato al Concejo de Palmira.

De racha de homicidios de aspirantes a concejos y alcaldías, la Policía no ha probado relación con asuntos políticos.
El nombre de José Jáiner Narváez Grajales, candidato al Concejo de Palmira por el Partido de Integración Nacional (PIN), se suma a la lista de aspirantes a corporaciones públicas asesinados en el Valle del Cauca.

Fue baleado la noche del pasado sábado en ese municipio cuando ingresaba a un local de su propiedad. Recibió tres impactos de bala.

La racha de homicidios que involucra a aspirantes a concejos y alcaldías comenzó en noviembre del año pasado, cuando el candidato a la alcaldía de Sevilla por 'la U', José Raúl Pérez Ruiz, murió a consecuencia de las disparos que recibió mientras cenaba con dos personas más, que también perdieron la vida en el hecho.

En marzo pasado fue asesinado el ex alcalde de El Dovio Luis Fernando Morales Idárraga, quien aspiraba otra vez a ese cargo por el PIN.

El 23 de junio, en su negocio de frutas situado en el casco urbano, fue atacado Wílder Amir Restrepo Pinzón, candidato al concejo de
La Unión por el Partido Conservador y quien perdió la vida en el atentado.

El 11 de julio, a raíz de las heridas recibidas cuando salía de un establecimiento nocturno en Cali, murió el diputado Fernando Vargas, quien aspiraba a la alcaldía de Yumbo por Cambio Radical.

La misma suerte corrió el conservador Gabriel Castillo, aspirante al concejo de El Dovio, el 13 de julio.

De acuerdo con el coordinador del MOE (Misión de Observación Electoral) en el Valle, Luis Alejandro Arévalo, "el ambiente electoral está enrarecido. Aquí están matando a candidatos y se hace necesario blindar con seguridad a los aspirantes".

Y es que los asesinatos se dispararon de nuevo en agosto de este año, con cuatro casos.

En los primeros días murió, después de ser baleado en zona rural de Riofrío, el concejal y aspirante a la corporación de ese municipio Luis Fernando Ocampo Ossa, de filiación conservadora.

El 18, Hílder Antonio Gómez, candidato por Cambio Radical al concejo de Riofrío, fue asesinado en ese municipio. Cinco días después, la víctima fue Nicolái Vera, candidato del MIO al concejo de Cali.

También en agosto fue muerto Daniel Vera, quien aspiraba por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia al concejo de Candelaria.

Los comandos de la Policía Metropolitana de Cali y del Valle coinciden en que no se ha probado relación de estos hechos con asuntos políticos.

En el caso del crimen del candidato de Yumbo, a distintos sectores políticos de la ciudad, en cambio, no les cabe duda de que se quiso frenar la carrera del candidato Vargas.

Ante la situación, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, llegó a proponer la suspensión de las elecciones de Yumbo, pero su propuesta no tuvo eco.
REDACCIÓN CALI

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