"En Colombia, las mujeres y niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra''
Así lo asegura Susan Lee, directora para América de Amnistía
Internacional, organización que, en su informe sobre violencia sexual
contra mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, asegura que las
autoridades "siguen negando el derecho a la justicia". Por Semana.com
El informe de Amnistía Internacional "Eso es lo que nosotras exigimos:
Que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos
contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, difunde historias y
cifras de casos de crímenes sexuales contra mujeres y niñas que están
relacionados con el conflicto armado.
Según la organización, en
el 2010, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
realizó 20.142 exámenes de posibles casos de violencia sexual, frente a
12.732 reportados en el año 2000. No obstante, sólo 109 casos, de los
reportados en el 2010 fueron clasificados como relacionados con el
conflicto, situación que el movimiento considera una clara invisibilidad
de los crímenes, dada la probabilidad de que el número de denuncias sea
inferior al de los casos reales.
Y es que el informe precisa
que el 84 por ciento de los 20.142 exámenes fue realizado a mujeres y
niñas, y más del 85 por ciento a menores de edad.
Cabe recordar
que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud sobre
todos los casos de violencia sexual contra mujeres, realizada en mayo
del 2011, el 73 por ciento de las maltratadas físicamente no denunciaron
la violencia que sufrieron.
A su vez, según un informe de la
Defensoría del Pueblo, publicado en el 2010, el 70 por ciento de las
mujeres que fueron víctimas de violencia física y el 81,7 por ciento de
las víctimas de agresión sexual no acudieron a ninguna institución a
denunciar la agresión.
En ese mismo sentido, la ONG Oxfam y la
Casa de la Mujer registraron en sus estudios que el 82,1 por ciento de
las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto no
denunció los hechos de los que fueron víctimas.
El informe
expone que son las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos
guerrilleros quienes atacan a mujeres y niñas para “explotarlas como
esclavas sexuales y vengarse de sus adversarios”.
Se recuerda
entonces que de los 183 casos de violencia sexual que la Corte
Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación en
el año 2008, se cree que los grupos guerrilleros fueron autores del 8,5
por ciento; las fuerzas de seguridad, del 19,4 por ciento; los
paramilitares, del 45,8 por ciento; grupos armados ilegales no
identificados, del 4,5 por ciento; delincuentes comunes, del 4 por
ciento, y un familiar, del 1,5 por ciento, mientras que en el 16,4 por
ciento de los casos no se pudo determinar el grupo al que pertenecía el
presunto autor.
El ente acusador agrega que además de esos
casos, se investigan otros 68 casos de violencia sexual relacionada con
el conflicto.
En el informe también se explica que las mujeres
indígenas sobrevivientes de la violencia sexual sufren barreras
adicionales: la ausencia de traductores, las dificultades para viajar
desde zonas remotas a los lugares donde pueden obtener asistencia
oficial y la significativa presencia de combatientes en las zonas donde
viven.
Además, este grupo poblacional, junto a las comunidades
afrondescendientes y campesinas, padece el desplazamiento forzado. En
ese sentido, defensoras de los derechos humanos y sus familias son
víctimas particulares de amenazas e intimidaciones.
Justicia ausente, autoridades ineficientes
Según lo concluye Amnistía Internacional, existen varios obstáculos que
impiden el ejercicio de la justicia: “la histórica inexistencia de
voluntad política para combatir la impunidad, unas medidas de protección
ineficaces para testigos y sobrevivientes, una formación precaria en
cuestiones de género para los funcionarios judiciales y la no
tipificación en la legislación nacional de la violación como crimen de
derecho internacional”.
Tras su estudio de casos y su diálogo
con actores de conflicto, Amnistía Internacional alega en su informe que
las autoridades “no han abordado efectivamente la ausencia de justicia
para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual durante el
largo conflicto armado” y que aún les niegan sus derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.
“En Colombia, las mujeres y las
niñas son a menudo tratadas como trofeos de guerra. Todas las partes del
conflicto las violan y las someten a abusos sexuales para silenciarlas y
castigarlas”, asegura Susan Lee, directora del Programa Regional para
América de Amnistía Internacional.
Agrega que a pesar de la
intención del gobierno de Juan Manuel Santos de abordar la crisis de los
derechos humanos, “aún no hemos visto mejoras reales en cuanto a hacer
comparecer ante la justicia a los responsables de los actos de violencia
sexual contra mujeres”. Lee añade que se debe combatir la
discriminación de mujeres y niñas.
El movimiento global critica
además que la “inexistencia de estadísticas oficiales fiables y el temor
que rodea la denuncia de estos crímenes” dificultan evaluar el alcance
real del problema, y subraya que en algunos casos, cuando la víctima
denuncia, la investigación no es “efectiva”.
La organización pide
a las autoridades elaborar una estrategia global que garantice
“prevención, investigación y enjuiciamiento efectivos de la violencia
contra la mujer relacionada con el conflicto, y que ofrezca remedios a
las víctimas”.
El informe subraya además que muchos de los casos
de violencia sexual son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad,
razón que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional
si la justicia colombiana se ausenta o es ineficaz.
Testimonio Para
su informe, Amnistía Internacional habló con sobrevivientes de
violación en Colombia, algunas de ellas intentaron denunciar el crimen a
las autoridades. Esta es la historia que Amnistía Internacional narra
sobre Carolina, cuyo verdadero nombre fue cambiado para proteger su
seguridad.
Carolina era líder comunitaria en un pueblo del
departamento de Caldas. Cuando en el 2007 un muchacho relacionado con
los paramilitares violó al hijo de Carolina, esta denunció el crimen a
las autoridades.
Los miembros del grupo paramilitar intentaron
que retirara la denuncia y cuando Carolina se negó, la amenazaron y la
obligaron a ver cómo mutilaban a una de sus víctimas. En mayo del 2007,
ocho paramilitares secuestraron y violaron a Carolina. Posteriormente
esta se dio cuenta de que estaba embarazada como consecuencia de la
violación. Cuando lo supo el jefe de los paramilitares, ordenó a sus
hombres que le dieran una paliza y Carolina perdió el bebé.
En
junio del 2007, el programa de protección de la Fiscalía General de la
Nación realojó a Carolina en otro pueblo. Pero las amenazas continuaron,
por lo que finalmente la trasladaron a otra localidad. Estuvo en el
programa un año, pero en la actualidad ya no recibe protección.
El
caso siguió bajo investigación en el departamento de Caldas y el fiscal
citó a Carolina para que testificara en el mismo pueblo donde se
cometió el crimen y donde aún vivían sus autores.
En septiembre
del 2008, y tras las presiones de una ONG de mujeres, el caso fue
trasladado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación en Bogotá. Sin embargo, la Unidad nunca llamó a Carolina a
testificar.
En agosto del 2010, el fiscal fue retirado del caso.
Al parecer, el nuevo fiscal sólo empezó a revisar el caso de Carolina
hace poco.
Tras difundir historias de víctimas como la de
Carolina, el informe estudia finalmente las dimensiones del conflicto
armado, señala la situación actual de los actores del conflicto y evalúa
los alcances del proceso de Justicia y Paz. Estas son algunas de las
cifras más destacadas.
Conflicto armado -
Millones de mujeres, hombres y niños han sido objeto de desplazamientos
forzosos, homicidios ilegítimos, torturas y violaciones. Han sido
sometidos a cautividad o son víctimas de desapariciones forzadas durante
los 45 años de conflicto en Colombia.
- Según la organización CODHES, más de 280.000 personas fueron desplazadas en el 2010.
- En los últimos 25 años, entre tres y cinco millones de personas han sido víctimas de desplazamiento interno.
-
La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 27.000 casos
de desaparición forzada, aunque se cree que la cifra real es
significativamente superior.
- Defensores de derechos humanos,
líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos y comunidades indígenas y
afrodescendientes, así como quienes viven en zonas de importancia
estratégica para las partes enfrentadas o de interés para los sectores
minero, agroindustrial o energético nacionales y multinacionales, sufren
particularmente los abusos.
Actores del conflicto -
Se calcula que las FARC cuentan con 9.000 combatientes en muchas partes
del país, pero sobre todo en los departamentos orientales de Meta,
Guaviare, Vichada, Casanare y Arauca, así como en los departamentos
meridionales de Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
-
El ELN tiene entre 2.500 y 3.000 combatientes, y un número similar de
miembros de milicias. Este grupo guerrillero tiene su máxima fuerza en
los departamentos orientales de Arauca, Casanare y Boyacá, aunque
también cuenta con presencia en otras partes del país, como en Norte de
Santander, Cesar, Santander, la región del Magdalena Medio, Chocó,
Nariño y Cauca.
- A los grupos paramilitares, responsables de
violaciones graves de derechos humanos, especialmente contra defensores
de estos derechos, líderes comunitarios y sindicalistas, se les acusa
también de liderar operaciones de “limpieza social” en barrios pobres
urbanos. Según Amnistía Internacional, existen pruebas de que el número
de estos combatientes está en aumento. Las investigaciones indican que
cuentan con alrededor de 7.000 combatientes y con una red de apoyo de
entre 8.200 y 14.500 personas.
Proceso de Justicia y Paz -
De acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, cerca del 10 por ciento de los
más de 30.000 paramilitares que supuestamente se desmovilizaron pueden
ser condenados a penas de prisión significativamente reducidas a cambio
de deponer las armas, confesar violaciones de derechos humanos y
devolver tierras y bienes robados.
- Cerca del 90 por ciento de
las decenas de miles de paramilitares supuestamente desmovilizados no
fueron nunca investigados por violaciones de derechos humanos y, por
tanto, pudieron volver libremente a sus comunidades.
- A finales
de marzo del 2011, los paramilitares del proceso de Justicia y Paz
habían admitido más de 57.000 crímenes; sólo 86 de ellos eran crímenes
de violencia sexual.
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